Dos proyectos del Congreso amenazan a mujeres y adolescentes en Perú

El Congreso peruano discute dos proyectos de ley que, de aprobarse, podrían significar un retroceso histórico en materia de derechos humanos, género y educación. Se trata del Proyecto de Ley 11561, que busca criminalizar a quienes denuncien violencia familiar si no logran probarla —exponiéndolas a hasta 6 años de cárcel—, y del Proyecto de Ley 9174, que elimina el enfoque de género y la Educación Sexual Integral (ESI) de las escuelas públicas.

Ambos han sido impulsados por sectores ultraconservadores bajo discursos de “justicia” y “protección de la niñez”, pero han desatado la alarma entre organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos y especialistas en salud pública y educación.

Proyecto de Ley 11561: la criminalización de la denuncia

Presentado por el congresista Alejandro Muñante y otros miembros de Renovación Popular, el Proyecto de Ley 11561/2024-CR plantea incorporar el artículo 402-a al Código Penal para sancionar con prisión efectiva de tres a seis años a quienes presenten denuncias que sean consideradas “falsas” en procesos de violencia familiar. Además, prevé multas e inhabilitaciones para profesionales que alteren pruebas, como psicólogos, médicos o policías.

Según Muñante, el objetivo es evitar que el sistema judicial sea usado con fines de venganza o manipulación, especialmente en disputas por custodia de hijos o acceso a bienes. El congresista insiste en que no se busca criminalizar a las víctimas, sino castigar el uso malicioso de la denuncia.

La propuesta ha sido duramente criticada por especialistas y colectivos feministas, quienes advierten que la medida podría desincentivar a las verdaderas víctimas de violencia a denunciar por miedo a ser encarceladas si no logran “probar” su caso ante un sistema judicial históricamente insensible y lento. La congresista Ruth Luque calificó el proyecto como una “lógica perversa” que criminaliza a las víctimas, mientras que Liz Meléndez, del Centro Flora Tristán, alertó que implica un retroceso en el acceso a la justicia para mujeres y niños en situación de vulnerabilidad.

El riesgo de la “prueba imposible”

Perú enfrenta una grave crisis de violencia de género y familiar. Según datos oficiales, la mayoría de casos de violencia no llegan a sentencia y muchas víctimas no denuncian por temor, vergüenza o desconfianza en el sistema. En este contexto, exigir que la víctima “pruebe” la agresión bajo amenaza de cárcel revictimiza y perpetúa el silencio.

En la práctica, muchos casos de violencia doméstica carecen de testigos o pruebas materiales contundentes. La dinámica de la violencia suele darse en la intimidad del hogar, donde la palabra de la víctima es muchas veces la única evidencia. Bajo este proyecto, la carga de la prueba se vuelve una trampa: si la denuncia no prospera, la denunciante podría terminar en prisión, reforzando la impunidad de los agresores.

Proyecto de Ley 9174: el ataque a la Educación Sexual Integral

El Proyecto de Ley 9174/2024-CR, presentado en octubre de 2024 por congresistas de Renovación Popular, busca eliminar la Educación Sexual Integral (ESI) de los contenidos curriculares de la educación básica, derogando los lineamientos aprobados en 2021. En su lugar, plantea una “educación sexual científica, biológica y ética”, centrada en la anatomía, fisiología y prevención de enfermedades, excluyendo temas como diversidad sexual, consentimiento y enfoque de género.

Los impulsores del proyecto sostienen que la ESI introduce “información ideológica” sobre orientaciones sexuales y diversidad de género, lo que —según ellos— perturbaría el desarrollo de la personalidad de los estudiantes. Proponen una educación sexual limitada a aspectos biológicos y éticos, dejando fuera el enfoque de derechos y la perspectiva de género.

Críticas y riesgos señalados por expertos

Especialistas en educación y derechos humanos advierten que la eliminación de la ESI pone en riesgo a niños, niñas y adolescentes, especialmente a quienes pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, al privarlos de herramientas para comprender, respetar y proteger su identidad y la de los demás. La ESI, respaldada por organismos internacionales como la UNESCO y la ONU, ha demostrado ser clave en la prevención de embarazos adolescentes, violencia sexual y discriminación.

El enfoque propuesto por el proyecto es considerado reduccionista y peligroso, pues ignora el componente social, afectivo y de derechos humanos de la sexualidad, y refuerza prejuicios y estigmas. Además, se trata de una ley declarativa, sin impacto real en la mejora de la calidad educativa, pero con un alto costo político y social, al distraer recursos y atención de políticas realmente urgentes.

Organizaciones como CrESIendo, el Centro Flora Tristán y Manuela Ramos han denunciado que este tipo de propuestas solo buscan reforzar ideologías personales y políticas, ignorando las verdaderas necesidades de la niñez y adolescencia peruana.

Ambos proyectos representan un grave retroceso en materia de derechos humanos y políticas de protección. El primero, al criminalizar la denuncia, amenaza con reinstalar el miedo y el silencio en las víctimas de violencia familiar. El segundo, al eliminar la ESI, priva a niños y adolescentes de una educación que los empodera, protege y prepara para una vida libre de violencia y discriminación. El costo, de aprobarse, lo pagarán los más vulnerables: mujeres, niños, adolescentes y las diversidades sexuales.