Cuba no cae, la empujan

La crisis que atraviesa Cuba no necesita exageraciones: se ve. Está en los apagones que dejan ciudades enteras a oscuras durante horas, en la dificultad para encontrar medicamentos básicos, en el transporte que no alcanza y en una economía donde el dinero rinde cada vez menos. Pero, sobre todo, está en algo más elemental: en la comida que falta. La crisis tiene, sobre todo, un origen concreto, sostenido en el tiempo y verificable en sus efectos: el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. No es un telón de fondo. Es una maquinaria activa.

Cómo funciona el bloqueo

El bloqueo no es una sola medida ni una sanción aislada. Es un sistema complejo de normas que actúa sobre tres niveles: el financiero, el comercial y el extraterritorial. Su objetivo no es únicamente limitar la relación entre Estados Unidos y Cuba, sino restringir la capacidad de Cuba para relacionarse con el mundo.

En el plano financiero, el mecanismo es directo. Cuba no puede acceder a financiamiento de instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Tampoco puede operar con normalidad en la banca internacional. El motivo no es técnico, sino político: los bancos que procesen transacciones vinculadas a Cuba se exponen a sanciones de Estados Unidos. Esto ha ocurrido en múltiples ocasiones, con multas que han alcanzado cifras millonarias.

La consecuencia es concreta. Cuba no puede comprar como compra cualquier país. No accede a créditos, no negocia plazos. Debe pagar por adelantado, muchas veces a través de intermediarios, asumiendo costos adicionales. En términos económicos, eso significa que cada importación llega más cara. En una economía que depende fuertemente del exterior, ese sobrecosto se traslada a toda la estructura productiva.

En el plano comercial, el bloqueo opera con una lógica menos visible pero igual de efectiva. No solo prohíbe a empresas estadounidenses comerciar con Cuba. También impide que productos fabricados en terceros países sean vendidos a la isla si contienen componentes de origen estadounidense. Esto afecta desde medicamentos hasta maquinaria industrial. Reduce la oferta disponible y obliga a buscar alternativas más caras o más lejanas.

El tercer nivel es el más decisivo: el carácter extraterritorial. Empresas, bancos y navieras de cualquier país pueden ser sancionados si mantienen relaciones económicas con Cuba. No siempre hace falta que la sanción se aplique: basta con la amenaza para generar un efecto de retirada. Muchas compañías simplemente evitan operar con la isla. Así, el bloqueo se expande más allá de sus propias normas y se convierte en un sistema global de aislamiento.

Efectos concretos: energía, alimentos, salud

El impacto del bloqueo no se queda en los papeles. Se traduce en hechos medibles. Cuba importa una parte sustancial de los alimentos que consume —alrededor del 70 % al 80 %, según datos de la FAO y del propio Ministerio de Economía cubano—, lo que equivale a un gasto anual que, en años recientes, ha superado los 2 000 millones de dólares solo en alimentos básicos. A esto se suma que más del 50 % de las calorías consumidas en el país dependen de importaciones. Cuando el acceso a divisas, crédito y transporte se restringe, esas compras no solo se encarecen: en muchos casos no se pueden realizar o deben pagarse por adelantado, sin financiamiento, lo que reduce el volumen importado. No es una hipótesis: es una cadena económica verificable.

La crisis energética de los últimos años lo muestra con claridad. Cuba depende casi totalmente de combustibles importados —entre 90 % y 100 % del petróleo que consume proviene del exterior—. A partir de 2019 y con mayor intensidad entre 2023 y 2025, las sanciones de Estados Unidos contra navieras y aseguradoras redujeron el flujo de crudo. El resultado ha sido una caída sostenida en la capacidad de generación eléctrica: en 2024, el déficit llegó a superar los 800 a 1 000 megavatios diarios en horas pico, en un sistema cuyo máximo ronda los 3 000 MW. Esto se tradujo en apagones de entre 6 y 12 horas diarias en varias provincias, con registros incluso mayores en zonas fuera de La Habana. Sin electricidad, la economía entra en tensión: se detiene la producción industrial, se afecta el bombeo de agua, se compromete la cadena de frío de alimentos y se limita el funcionamiento continuo de hospitales.

En el sistema de salud, las restricciones también tienen traducción directa. Cuba produce parte de sus medicamentos, pero depende de importaciones para principios activos, reactivos y tecnología. La normativa estadounidense prohíbe exportar a Cuba productos que contengan más de 10 % de componentes de origen estadounidense, incluso si son fabricados en terceros países. En 2023, el Ministerio de Salud reportó faltantes en más de 60 medicamentos del cuadro básico, incluidos antibióticos, analgésicos y fármacos para enfermedades crónicas. Además, la imposibilidad de acceder a proveedores habituales o de realizar pagos a través del sistema bancario internacional ha retrasado la llegada de insumos esenciales, afectando tratamientos oncológicos, diálisis y diagnósticos clínicos.

El transporte, por su parte, refleja el mismo patrón. Cuba necesita importar tanto combustible como repuestos para sostener su parque automotor. En 2024, en La Habana, el sistema de ómnibus urbanos operó por debajo del 50 % de su capacidad planificada, debido a la falta de diésel y piezas de mantenimiento. A nivel nacional, la escasez de combustible obligó a reducir frecuencias, paralizar rutas y priorizar sectores estratégicos. Esto impacta directamente en la asistencia laboral y escolar, en la distribución de alimentos y en la actividad económica general.

En conjunto, estos datos muestran que las restricciones no son abstractas ni indirectas. El bloqueo limita cuánto puede comprar el país, a qué precio, en qué condiciones y con qué frecuencia. Y en una economía altamente dependiente de importaciones, ese límite se traduce, de forma inmediata, en menos comida, menos energía, menos medicamentos y menos movilidad.

Un consenso internacional ignorado

Desde 1992, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas vota cada año una resolución que exige el fin del bloqueo. La posición es abrumadora: 187 países han respaldado su levantamiento en las votaciones más recientes, frente a solo dos en contra: Estados Unidos e Israel.

No es un gesto simbólico, pero tampoco basta para cambiar la realidad. Estas resoluciones no son vinculantes, mientras que las sanciones impuestas por Estados Unidos sí tienen efectos obligatorios dentro del sistema financiero internacional. A través del control del dólar y de su capacidad para sancionar a bancos, empresas y navieras de terceros países, Washington logra que su política se aplique más allá de sus fronteras.

Ahí está la clave: 187 países pueden votar en contra del bloqueo, pero el sistema económico global sigue operando bajo las reglas de uno solo. No es un equilibrio de posiciones, es una relación de poder. No es un desacuerdo internacional: es una imposición.

Estas restricciones no operan en abstracto. Limitan el acceso a crédito, encarecen las importaciones desde el origen y bloquean operaciones comerciales básicas. En esas condiciones, el margen de maniobra económica se reduce al mínimo y cualquier dificultad se amplifica.

Después de más de sesenta años, los resultados son verificables. El bloqueo no ha logrado cambiar el sistema político cubano ni provocar una transformación inducida desde el exterior. Ese objetivo, explícito en la política de Estados Unidos, no se ha cumplido.

Lo que sí ha producido es una presión sostenida que hoy alcanza uno de sus niveles más críticos. Cuba atraviesa uno de los momentos más duros desde la década de 1990: apagones prolongados, tensiones en el abastecimiento de alimentos y limitaciones en servicios esenciales.

El resultado es concreto: la política no ha modificado el sistema, pero sí ha deteriorado de forma directa las condiciones de vida de la población. Están asfixiando a Cuba.