Algo se rompió en Minneapolis

Además por supuesto del horror moral, creo que es necesario entender lo ocurrido este sábado en las calles de Minneapolis en términos políticos. El descarado, descarnado asesinato de Alex Pretti por agentes de la policía de fronteras y la inmediata reacción de las autoridades federales en defensa de sus verdugos marcan, creo, un punto de inflexión en el proceso interno que están atravesando los Estados Unidos: es el momento en el que la naturaleza de ese proceso salta abiertamente a la superficie, desnuda de sus usuales coberturas retóricas, ideológicas o pseudo-legales. Aparece en forma de violencia estatal en estado puro, un acto cuya única demanda de legitimación es la bruta realidad de su mero ejercicio.

Lo que este acto declara —más, incluso, que todos los actos previos del gobierno federal y sus agentes, aunque en conjunto con ellos— es que la dualidad de la esfera política estadounidense será ahora sustantivamente diferente a la que existía en el pasado. El doble estado (leyes y normas estables para algunos, arbitrariedad e inseguridad para otros) se desprende ahora de las usuales distinciones colonialistas y racializantes, e incluso de las de género, que sí se imbricaron por ejemplo en el asesinato de George Floyd en 2020 y el de Renée Good hace unas semanas. Afroamericano el primero, mujer y lesbiana la segunda: dos grupos siempre marginalizados, siempre separados de la norma, y siempre sometidos a medidas distintas.

El sábado ocurrió algo distinto. Alex Pretti, un hombre blanco heterosexual, convencido de contar con todos los derechos que esa conjunción de identidades generalmente confiere, fue despojado a balazos de su pertenencia al círculo de las leyes y las obligaciones recíprocas. Se reveló su sujeción a las decisiones arbitrarias del estado y sus agentes en el ejercicio de una violencia fatal contra su cuerpo, y con ello se reveló también la idéntica sujeción no solo de algunos, sino de todos los ciudadanos (que en ese momento, aunque no lo sepan, dejaron de serlo).

Quizá la manifestación más clara de lo anterior fue la premura con que las autoridades federales salieron a afirmar que el hecho de que Pretti tuviera un arma justifica su asesinato. Es como si no hubieran sido ellos mismos, durante décadas, los promotores del derecho absoluto de todos los estadounidenses a llevar armas en cualquier contexto, supuestamente garantizado por la Segunda Enmienda. Lo que quieren decir, lo que están diciendo, lo que le dijeron a Alex Pretti, es esto: sí, a menos que te pongas en nuestro camino. Si te opones a nosotros, se cancelan absolutamente todos tus derechos, incluso de los que ayer mismo declaramos inviolables y sagrados. Y todo ello ocurrió, además, de manera abierta en el espacio público. No a oscuras o en las sombras sino a la luz. No solo en plena calle; en plenas redes sociales, en las pantallas de miles de teléfonos y computadoras, a sabiendas de que todo estaba siendo grabado y transmitido.

Este es ahora un estado que reclama el poder absoluto para asesinar a cualquiera, en cualquier momento, y quiere que lo vean hacerlo. ¿Hay marcha atrás? En un sentido, sí. La batalla en curso en Minnesota (como la de Maine en estos mismos días, y las de muchos otros estados, ciudades y locaciones) aún no está definida. Hay espacios de poder local y estatal todavía capaces de oponer resistencia. Hay estructuras comunitarias e individuos que siguen en la lucha. De hecho, las reacciones negativas al asesinato de Pretti incluso entre sus aliados hicieron recular al gobierno federal (recular, pero no desarmarse): hacia la tarde del lunes, la Casa Blanca había empezado a atenuar la virulencia de su discurso con respecto a Minneapolis y a cambiar la estructura de comando de sus fuerzas sobre el terreno.

En otro sentido, sin embargo, es difícil imaginar cómo se descruzará la línea que se ha cruzado. Un estado que captura para sí poderes extra-constitucionales y los incorpora a su conducta rutinaria no los devuelve así cambie su personal o su orientación ideológica. La facción que controla el ejecutivo estadounidense ha creado una fuerza de choque y combate y la ha colocado fuera del control de las leyes y la constitución. La ha desplegado contra la ciudadanía civil y la ha autorizado a matar, en la persecución de sus fines políticos, a quienquiera se designe como enemigo. Aunque las aguas se calmen momentáneamente, es difícil no intuir que algo se terminó de quedar en esa calle de Minneapolis, y que aunque quizá sea posible levantar muros de contención, no hay una ruta de regreso.