Aunque las autoridades aseguran que se trata de una estrategia para frenar la criminalidad creciente en zonas urbanas, expertos en seguridad, gremios de motociclistas y experiencias internacionales cuestionan profundamente su efectividad.

1. Los delincuentes no respetan las normas

Uno de los errores fundamentales de esta medida es asumir que quienes cometen delitos en motocicletas cumplirán con la norma. En la práctica, los delincuentes suelen utilizar motocicletas robadas, placas clonadas o alteradas, y no tienen reparo en usar chalecos con numeración falsa o incluso sin identificación alguna. De hecho, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la medida podría facilitar nuevas modalidades delictivas: los criminales podrían portar placas falsas y, al huir, dejar en evidencia una numeración que corresponde a un ciudadano inocente. Esto no solo entorpece las labores policiales, sino que además pone en riesgo legal y físico a personas que no tienen relación alguna con el crimen. En lugar de mejorar la seguridad, se multiplica la posibilidad de errores judiciales y abusos.

2. Experiencias internacionales demuestran su ineficacia

La política de portar placas visibles en chalecos fue aplicada en Colombia entre 1999 y 2005, particularmente en Bogotá y Medellín, como intento de frenar el sicariato y los asaltos desde motocicletas. Sin embargo, varios estudios posteriores, incluyendo uno elaborado por la Universidad de los Andes, concluyeron que no existía evidencia sólida de reducción del crimen gracias a esta medida. Los delitos se desplazaron geográficamente y se adaptaron a nuevas estrategias criminales. A esto se sumó la proliferación de mercados informales de chalecos y cascos falsificados, y casos de corrupción entre los funcionarios que otorgaban permisos o fiscalizaban la norma. En ciudades como Quito, donde también se evaluó implementar la medida, las autoridades desistieron al advertir sus efectos discriminatorios y su limitada efectividad. Reproducir una política fallida en otro país, sin ajustarla a la realidad peruana, solo representa un intento simplista de enfrentar un problema complejo.

3. Afecta a trabajadores y usuarios legítimos

En el Perú, la motocicleta es un vehículo fundamental para más de tres millones de personas, muchas de las cuales trabajan como repartidores, mototaxistas, mensajeros o transportistas. Estos ciudadanos cumplen un papel clave en la economía informal y en el sistema de logística de ciudades congestionadas. Sin embargo, la nueva medida los obliga a adecuar su indumentaria para mostrar placas en chalecos, lo cual no solo es costoso, sino funcionalmente impráctico. Repartidores que utilizan mochilas grandes —como los de aplicaciones de delivery— podrían tener la placa completamente cubierta, lo que los expondría a multas injustas. Además, las condiciones climáticas del país, especialmente en la selva y la sierra, hacen del uso obligatorio del chaleco una medida incómoda e incluso peligrosa. Se sanciona a quienes trabajan honestamente, mientras los verdaderos delincuentes operan sin restricciones.

4. Genera costos adicionales para los usuarios

La obligación de portar chalecos y cascos con el número de placa representa un gasto económico significativo para los motociclistas. El precio de un chaleco con la impresión reglamentaria puede oscilar entre 40 y 100 soles, dependiendo de la calidad y el proveedor. A ello se suma la eventual necesidad de adquirir más de uno, en caso de deterioro, pérdida o robo. En muchas regiones del país, donde el ingreso promedio no supera los 1,000 soles mensuales, este gasto no es menor. Además, el Decreto Supremo 012-2024-IN establece multas que pueden superar los 400 soles por el incumplimiento de esta norma. La consecuencia directa es una mayor presión económica sobre sectores populares que usan la motocicleta como medio de vida. Mientras tanto, los criminales, que operan al margen de la ley, continúan sin ser afectados.

5. Puede incentivar la corrupción y el mercado negro

Una regulación mal diseñada y de cumplimiento generalizado puede dar lugar a la aparición de mercados paralelos y corrupción en la fiscalización. Ya existen reportes de venta informal de chalecos con placas en mercados de Lima y provincias, algunos de ellos con materiales de mala calidad o incluso numeraciones falsas. Esta informalidad no solo desvirtúa el objetivo de la norma, sino que favorece la actividad ilegal. Además, la autoridad policial, al tener la facultad de imponer sanciones, podría verse envuelta en actos de corrupción, con cobros indebidos o criterios arbitrarios de fiscalización. En Colombia, durante la implementación de la medida, se registraron casos en los que proveedores privados monopolizaban la confección de chalecos homologados, lo que generó sospechas sobre favoritismos y colusión. El Perú corre el riesgo de repetir este esquema si no existe transparencia y control riguroso.

6. No aborda las causas reales de la inseguridad

La raíz de la inseguridad en el Perú no se encuentra en la falta de visibilidad de las placas, sino en problemas estructurales como la impunidad, la escasa capacidad de investigación criminal, la falta de presencia policial efectiva en los barrios, y un sistema judicial colapsado. Según el Informe de Criminalidad del INEI (2023), menos del 20% de los delitos denunciados terminan con una sentencia. En ese contexto, una política basada en la visibilidad de placas se convierte en una solución cosmética que busca mostrar acción sin resolver el fondo del problema. Es necesario fortalecer las capacidades de inteligencia, modernizar el sistema de justicia y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, no sobrecargar a trabajadores con regulaciones ineficaces.