La democracia no se erosiona de golpe, sino con leyes que, disfrazadas de reformas técnicas, socavan los pilares fundamentales del Estado de derecho. La reciente modificación de la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), aprobada por mayoría en el Congreso peruano en marzo de 2025, es un ejemplo preocupante. Esta reforma ha sido criticada por diversos organismos internacionales por facilitar la persecución de organizaciones de la sociedad civil y consolidar el control político sobre la cooperación externa.

A continuación, se analizan con mayor detalle cinco aspectos clave que convierten esta reforma en una desviación de la democracia.

1. Prohibición directa del uso de cooperación para litigios contra el Estado

El artículo 5-A de la ley modificada establece que es una infracción “muy grave” que una organización utilice fondos de cooperación para asesorar, financiar o acompañar procesos legales contra el Estado peruano, incluso ante cortes internacionales como la CIDH. Esto impide que víctimas de abusos —como los 49 muertos documentados por organismos de derechos humanos durante las protestas de 2022–2023— reciban respaldo legal de organizaciones financiadas por la cooperación internacional.

Si se impide litigar contra el Estado con ayuda internacional, se limita el acceso a la justicia, en especial para sectores vulnerables que no cuentan con recursos propios. Además, al cerrar el camino a tribunales internacionales, se viola el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el Pacto de San José y la Constitución peruana (art. 139, inciso 3).

2. Censura previa institucionalizada

La reforma exige que toda organización que ejecute proyectos financiados con cooperación internacional debe contar con una “conformidad previa” de la APCI, es decir, del Ejecutivo.

¿Qué significa esto en la práctica? Organizaciones que trabajan en derechos humanos, género, pueblos indígenas o cambio climático podrían ver rechazados sus proyectos si resultan incómodos para el gobierno. Se pasa de una lógica de registro y rendición de cuentas (legítima en democracia) a una lógica de autorización previa (propia de regímenes autoritarios).

No existe una guía pública y transparente de los criterios con los cuales APCI aprobará o no un proyecto. Esto abre la puerta a arbitrariedades, represalias políticas o incluso censura ideológica.

3. Régimen de sanciones desproporcionadas y vagamente definidas

La nueva ley establece sanciones de hasta 500 UIT (más de S/. 770,000 soles) y la posibilidad de cancelar el registro de una ONG. Entre las causas está haber actuado “fuera de sus fines institucionales” o ejecutar actividades “incompatibles” con su objetivo declarado.

Por ejemplo, una organización ambiental que reciba cooperación para monitorear minería ilegal y que luego emita un informe crítico sobre inacción estatal podría ser sancionada si se interpreta que “se desvió” de su objetivo institucional. El margen de interpretación es tan amplio que cualquier actividad crítica puede volverse sancionable.

4. Violación de principios constitucionales y tratados internacionales

La Defensoría del Pueblo, en su comunicado de marzo de 2025, alertó que la ley vulnera derechos fundamentales como:

• Libertad de asociación (Art. 2, inc. 13 de la Constitución)

• Libertad de expresión (Art. 2, inc. 4)

• Acceso a la justicia (Art. 139, inc. 3)

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A nivel internacional, también se contradicen tratados firmados por Perú como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Comisión Interamericana ya advirtió que estas medidas configuran una “criminalización indirecta de la defensa de derechos humanos”.

5. Afectación directa a pueblos indígenas y comunidades rurales

Organizaciones como AIDESEP, ORPIO y la CNDDHH han advertido que la reforma afecta la capacidad de las comunidades indígenas para defenderse frente a proyectos extractivos.

Datos concretos:

• Entre 2015 y 2023, más del 60% de las demandas sobre derechos territoriales de comunidades indígenas fueron acompañadas por ONG financiadas por cooperación internacional.

• Muchas de estas comunidades no tienen abogados, internet ni capacidad logística para litigar sin ese apoyo.

  
  

Con esta ley, se impide a los pueblos indígenas acceder a recursos externos que han sido vitales para sus procesos de defensa. En la práctica, se promueve el despojo al silenciar a quienes los defienden.

La modificación de la Ley APCI no es un hecho aislado, sino parte de un rediseño institucional que busca eliminar pesos y contrapesos, blindar al poder político y castigar a quienes lo confrontan. Si una democracia se define por su apertura, por el respeto a la crítica, por la defensa de los derechos humanos y por el acceso libre a la justicia, entonces esta ley mina directamente su esencia. Bajo el argumento de “proteger al Estado peruano de injerencias extranjeras”, lo que se está construyendo es un modelo de control ideológico de la cooperación internacional. Un sistema donde las ONG deben ser leales al Estado para poder existir. Una democracia solo de nombre, pero sin libertades reales.