Tercer ataque dinamitero en Trujillo: ¿encargo exprés del “fujitroll” y Palacio de Gobierno?

Las bandas extorsivas y el sicariato son industrias criminales subterráneas en pleno auge: han pasado de mover 523 millones de dólares en 2023 (CHS) a 1,666 millones de dólares en 2025 (Cámara de Comercio de Lima). Esas economías criminales no son enemigos del narcopoder criminal de La Libertad ni del narcoestado congreso/palacio, que condensan a las cuatro economías también en auge (minería ilegal del oro, narcotráfico, corrupción y trata de personas).

Desde esa perspectiva, sin dejar de ser negocios diferentes y, dicho sea de paso, de los cuales pueden incursionar a otras economías (Los Pulpos de Trujillo a la minería ilegal en Pataz y Los Injertos del Cono norte al tráfico de drogas), nos muestran que estos actores criminales son funcionales, aliados, amigos. ¿Por qué? Sus negocios no están reñidos entre sí, sino que se complementan.

En ese sentido, mientras la extorsión y el sicariato ascienden en la economía y la politica, el narco-poder criminal nacional los necesita que se parezcan al modus operandi que tuvo Sendero Luminoso (SL) en los 80 e inicios de los 90. ¿En qué forma? Que derribe torres de alta tensión con dinamita en Pataz, que coloque o lance cartuchos de dinamita en exceso si es necesario y, además, si es necesario, que estalle coches-bomba.

El narcoestado necesita que las bandas extorsivas y el sicariato funcionen, por llamarlo de alguna manera, como un sendero criminal que despliegue terrorismo. No un terrorismo para los psicosociales, como fue entre 1999 hasta 2016. Si no como un terrorismo que destruye, mata, hiere, genera zozobra y parlisa a punta de granadas y dinamitazos.

El gobernador de La Libertad lo dijo el 5 de agosto: "esto es terrorismo" . Así, a secas. ¿Qué más? Sacar a las FFAA y declarar el toque de queda. Ya no necesitan agregarle la palabra urbano. La Libertad parece haberse convertido en el laboratorio de ese "sendero criminal" que ejecute atentados dinamiteros, derribamiento de torres de alta tensión y, en Los Olivos, Lima, de un tipo de coches bomba. En la amazonía, reflotarán artificialmente a SL, a partir del grupo armado del clan Quispe Palomino o el "Militarizado Partido Comunista".

¿Por qué necesitan el terrorismo —sea en su versión genérica o en la versión VRAEM—? Para generar zozobra, paralizar a la ciudadanía y desviar la atención de las denuncias por el saqueo en los gobiernos regionales (APP), en los ministerios (los hermanos presidenciales y APP) y en la Municipalidad de Lima (Porky). En los últimos días, ¿quiénes necesitaban con mayor urgencia de un terrorismo criminal con dinamita extra? El Cachetón o “ministroll”, Palacio y el hermanísimo presidencial, todos implicados en varias investigaciones y —en el caso del ministroll— en una nueva denuncia constitucional.

El objetivo del ataque dinamitero es claro: infundir pánico y distraer de esas denuncias. ¿Quiénes ejecutan estos actos de terrorismo criminal? Pueden ser sicarios de bandas extorsivas, asesinos a sueldo independientes o incluso agentes de inteligencia. Por lo general, salvo en homicidios políticos (Andrea Vidal, Nilo Burga, Óscar Medelius), los atentados de sicarios de bandas matan dos pájaros de un tiro: amedrentan a sus objetivos y, al mismo tiempo, generan un atentado más estruendoso con dinamita en exceso.

Es cierto que ha habido varios ataques con granadas y explosivos sin objetivos extorsivos, pero la mayoría de los atentados dinamiteros encargados de manera exprés se camuflan dentro de esa dinámica extorsiva. El sello característico de estos ataques es el uso desmedido de cartuchos de dinamita. El atentado del jueves 4 de agosto, con 30 cartuchos (10 más que el anterior), constituye —desde esta perspectiva de análisis— el tercer ataque dinamitero por encargo con fines de utilización política.

Cabe precisar que, a diferencia del VRAEM —donde se han registrado tres emboscadas a militares y policías (el 4 de junio de 2011, con cinco soldados abatidos; el 9 de abril de 2016, con ocho militares y dos civiles muertos; y en febrero de 2023, con siete policías asesinados), además de una masacre a población civil en mayo de 2021 (16 civiles y dos bebés quemados)—, en Trujillo y Lima los ataques dinamiteros no han dejado víctimas mortales. Los heridos, junto con viviendas destruidas o parcialmente dañadas, son hasta ahora el saldo colateral.

Veamos el caso del último atentado dinamitero. La noche del jueves 4 de agosto, alrededor de las 10:49 p.m., en Trujillo (La Libertad), ocurrió un nuevo ataque, el tercero de este tipo, aún más extraño y sospechoso que los dos anteriores. Según RPP, jóvenes arrojaron un artefacto explosivo equivalente a 30 cartuchos de dinamita contra una vivienda deshabitada, ubicada en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburo, en la urbanización Las Quintanas. La casa de cuatro pisos que fue blanco del ataque, junto con otra adyacente, quedaron prácticamente destruidas. La onda expansiva afectó a unas 30 viviendas más y dejó tres personas heridas.

¿Por qué este atentado resulta más extraño y sospechoso que los anteriores? Porque, contrario a la aceptación general del relato oficial, el ataque se dirigió —como ya ocurrió en la explosión del 14 de agosto en la avenida Perú— contra un inmueble que no solo estaba vacío en ese momento, sino que ya no era habitado por su supuesto objetivo.

¿Cuál es el móvil de este ataque? Los vecinos de la vivienda en cuestión y el general Llerena, jefe policial de La Libertad, señalaron que estaría dirigido contra una mujer o familia vinculada a la minería ilegal de oro en Pataz. Las versiones varían: unos dicen que dejaron la casa hace 15 días, otros que ya no vivían allí. Poco importa. Lo relevante es que la mayoría terminó convencida de que se trataba de un pleito entre la banda de Los Pepes y una persona dedicada a la minería ilegal.

¿Y qué hizo la policía? Anunció que había tres detenidos. Pero, según los medios, uno de ellos fue capturado por el serenazgo. ¡Qué tal efectividad! Vale recordar que, tras el atentado dinamitero contra la sede principal del Ministerio Público de Trujillo, el 20 de enero pasado, la policía detuvo a cinco personas. Al final, solo a una mujer le dictaron prisión preventiva porque —según la propia PNP— le encontraron dinamita en su vivienda.

¿Y qué pasó con “C Pequeño”, jefe de la banda Los Compadres, a quien el “Cachetón” responsabilizó del ataque contra el Ministerio Público de Trujillo? Nada. Nunca mostró la supuesta autoatribución de “C Pequeño”. Fue puro cuento. Igual que la “guerra de bandas” que Malaver inventó cuando ocurrió el ataque contra la vivienda de Sergio Bolaños, el 14 de agosto pasado.

Estamos advertidos: habrá otros atentados dinamiteros cuando la hermanad presidencial, el Cachetón o el Congreso del hampa lo necesite.