¿Quién decide quién es terrorista?

Algunas escenas recientes parecen cuestionar lo que hasta hace unos años en el país era una verdad irrefutable. La primera de ellas es la decisión del Congreso, entre marzo y septiembre de este año, de declarar como “organizaciones terroristas” a los grupos criminales Tren de Aragua y Cártel de los Soles. Si bien el gesto puede leerse como parte de la respuesta a la inseguridad ciudadana, en realidad tiene un efecto político mayor: desplaza lo que hasta hace poco era un consenso casi inamovible sobre qué significaba “terrorismo” en el Perú.

Lejos parece quedar la afirmación que el ex jefe de la Dircote Óscar Arriola dio durante una entrevista en 2021, en la que sostuvo que en el Perú “solo se puede procesar por terrorismo a Sendero Luminoso y al MRTA”. Esa convicción no era una idea excéntrica ni un exceso personal: era la verbalización de lo que gran parte de la población había internalizado como verdad jurídica, política y moral. De allí que haya sido tomado como natural que en 2021 Íber Maraví acabara fuera del Ministerio de Trabajo en medio de denuncias y presiones luego de que se lo vinculó a Sendero Luminoso en su juventud; y que, en 2012, el artista Máximo Laura perdiera la designación de Embajador de la Marca Perú por declaraciones interpretadas como apología de SL. En ambos casos, la sola sospecha de cercanía con el rótulo resultó suficiente para anular trayectorias y presentes.

Hoy aquella afirmación del ex jefe de la Dircote parece estar quedándose atrás. Lo que durante años funcionó como certeza —que el terrorismo en el Perú tenía un nombre fijo y no podía extenderse más allá de Sendero Luminoso y el MRTA— comienza a resquebrajarse. La etiqueta se mueve, se desplaza hacia actores distintos. Esta reconfiguración de fronteras no es un detalle semántico: altera la forma en que pensamos la violencia, los enemigos del Estado y los límites de la ciudadanía. Y, en esa alteración, se abre un espacio fértil para formular una pregunta que hasta hace poco resultaba incómoda, incluso peligrosa: ¿quién decide quién es terrorista?

La segunda escena que propongo atender es una reciente entrevista a Antauro Humala. En ella el líder etnocacerista fue consultado sobre cuál había sido su relación con Abimael Guzmán cuando compartieron el mismo espacio en la Base Naval del Callao. Se trataba de una pregunta que, en el fondo, buscaba que hiciera público su repudio a Sendero Luminoso, y que se ha convertido casi en un recurso habitual para deslegitimar a quienes no reproducen de manera fiel el discurso oficial sobre el conflicto armado interno. Ante ello, Antauro optó por una intervención que, quizá buscando esquivar una condena explícita, derivó hacia un tema de mayor complejidad. Recordó que hace cincuenta años a quienes empuñaban armas en América Latina se les llamaba guerrilleros: el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Hugo Blanco, Héctor Béjar, De la Puente Uceda. Nadie, indicó, se atrevía a nombrarlos terroristas, a pesar de que “hacían lo mismo”.

¿Tiene algo de cierta esta afirmación? La comparación invita al menos a detenerse. La violencia política en la región latinoamericana fue nombrada de distintas maneras: guerrilla, insurgencia, lucha armada. El término terrorismo, en cambio, se consolidó después y cargó con un sentido absoluto, sin matices ni posibilidades de reintegración. De hecho, hasta hoy no existe una definición universalmente aceptada de lo que es terrorismo. La ONU lleva más de dos décadas sin poder zanjar el debate: algunos Estados insisten en excluir de la categoría a los movimientos de liberación nacional, pues temen que bajo ese rótulo se criminalice cualquier forma de resistencia contra ocupaciones extranjeras.

Otros, en cambio, bloquean toda discusión que implique reconocer prácticas de terrorismo de Estado. El resultado es una definición siempre incompleta, atada a la correlación de fuerzas de cada coyuntura. Allí reside el interés de la respuesta de Antauro: más allá de la intención de esquivar una condena explícita a Sendero, puso sobre la mesa un problema mayor, el del peso de las palabras y de su función en la construcción de enemigos absolutos.

La tercera escena viene desde fuera, aunque resuena con claridad en nuestro propio debate. Desde octubre de 2023 no deja de llamarme la atención que Deutsche Welle, cada vez que se refiere al grupo palestino Hamás, lo presente como “una organización considerada terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos”. Tal vez acostumbrada al modo en que en el Perú se utiliza el término, veo en esa fórmula una diferencia crucial. No se afirma que Hamás es terrorista, sino que se precisa quién lo considera así.

La distinción, aparentemente mínima, esconde una operación conceptual enorme: desplaza la idea de una verdad universal y la sustituye por una nominación política, dependiente de autoridades concretas y de contextos específicos. En esa manera de presentar la información se expone con claridad algo que en el Perú solemos olvidar: que el terrorismo no es una esencia natural de los sujetos, sino un rótulo adjudicado, y que como tal siempre puede cambiar de dueño, de sentido y de efectos.

Y es que, del mismo modo en que se decide colocar sobre una organización la etiqueta de terrorista, también puede retirársela cuando cambian las condiciones políticas y sociales. El caso de las FARC en Colombia lo confirma. Durante décadas fueron presentadas como el emblema del terrorismo por Europa y Estados Unidos; sin embargo, tras el acuerdo de paz de 2016, fueron retiradas de esas listas. El tránsito no fue menor: dejaron de ser un actor armado y pasaron a participar en la democracia representativa. La etiqueta se modificó porque también lo hizo su lugar en el escenario político. Lo decisivo es que existió un margen para reconocer ese cambio.

La cuarta escena que quiero presentar es de índole mucho más personal. En un evento académico escuché a un expositor decir, en tono de broma, que “Abimael Guzmán estaría feliz si hubiera tantos terroristas como sugieren los terruqueadores hoy”. La frase buscaba señalar la banalización del término en el debate público peruano, donde acusar de “terrorista” a quien piensa distinto se ha vuelto casi un gesto automático. Sin embargo, más allá de la intención irónica, lo que me quedó grabado fue la facilidad con la que podía sustituirse el término senderista por terrorista, como si se tratara de sinónimos exactos.

Esa sustitución automática revela la profundidad con la que la categoría ha sido naturalizada en nuestro imaginario colectivo: ya no distingue entre una militancia política concreta y un rótulo criminal absoluto, sino que los funde en una misma identidad imposible de separar. Conviene recordar, por evidente que suene, que ni Abimael Guzmán ni los militantes de Sendero se identificaron nunca con la nominación de “terroristas”. Por lo mismo, no tendría sentido imaginar una supuesta alegría en la proliferación de ese rótulo: se trata más bien de un juego irónico que, sin proponérselo, vuelve a reforzar el peso del estigma.

Probablemente no basta con que se generen los cambios que acabamos de reseñar para que como sociedad nos detengamos a hacer una revisión del término. Cuestionar su uso es un trabajo que debe hacerse de manera deliberada, desde la academia, los medios y la política. Estas líneas intentan, modestamente, aportar en esa tarea.

Lo que muestran estas escenas, al final, es que el sujeto terrorista en el Perú no es una esencia, sino una nominación política. Durante años se creyó que esa nominación estaba cerrada y que Sendero y el MRTA eran sus únicos portadores. Hoy, al extender la etiqueta a bandas criminales extranjeras, se confirma lo contrario: que, como sostuvo ya la historiadora Cecilia Méndez, la historia del terrorismo no puede estar separada de la historia del poder para nombrarlo.

Así, nombrar a alguien como terrorista no es describir una naturaleza: es trazar una frontera. Y en esa frontera se juegan no solo la memoria y la justicia, sino también la posibilidad de construir una democracia menos prisionera de sus fantasmas.