Los estudiantes de la PUCP y el derecho a encapucharse

La protesta de los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) ha vuelto a poner sobre la mesa una discusión que las autoridades universitarias parecen pasar por alto: el derecho a la protesta no desaparece cuando altera las actividades habituales o cuestiona las decisiones de quienes dirigen una institución. Tampoco se convierte automáticamente en una conducta ilegal porque los manifestantes ocupen espacios, bloqueen accesos o decidan proteger su identidad utilizando máscaras. El derecho internacional y la jurisprudencia constitucional peruana ofrecen argumentos suficientes para cuestionar cualquier intento de criminalizar estas expresiones de disconformidad.
Los estudiantes protestan por tres asuntos centrales: los cambios en el sistema de pensiones, el costo de los créditos académicos y los procesos disciplinarios abiertos contra universitarios que participaron en movilizaciones anteriores. No se trata, por tanto, de una protesta carente de reivindicaciones concretas. Existe un conflicto entre estudiantes y autoridades por decisiones que afectan las condiciones económicas de la comunidad universitaria y por la manera en que se está respondiendo a la disidencia estudiantil. La propia PUCP ha reconocido que estos asuntos están en el centro de las demandas.
Uno de los aspectos que ha generado cuestionamientos es el uso de máscaras por parte de algunos manifestantes. Sin embargo, esta práctica tiene un reconocimiento expreso en el derecho internacional de los derechos humanos. La Observación General N.º 37 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprobada en 2020, desarrolla el alcance del derecho de reunión pacífica reconocido en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Su párrafo 60 es inequívoco: cubrirse el rostro con capuchas o máscaras puede formar parte de la expresión de una manifestación pacífica, servir para contrarrestar posibles represalias o proteger la intimidad de los participantes, especialmente ante las nuevas tecnologías de vigilancia. El documento establece que debe permitirse el anonimato de los manifestantes, salvo que existan razones imperiosas que justifiquen una restricción. También precisa que el uso de disfraces no debe interpretarse, por sí mismo, como señal de intención violenta.
Por consiguiente, llevar una máscara durante una protesta no constituye una prueba de conducta delictiva ni autoriza a atribuir intenciones violentas a quienes la utilizan. Pretender que los estudiantes tienen la obligación de exhibir sus rostros para ejercer su derecho a manifestarse desconoce un criterio expresamente reconocido por Naciones Unidas.
Otro cuestionamiento tiene que ver con el carácter disruptivo de las movilizaciones. La ocupación de accesos y las restricciones al tránsito han sido presentadas por las autoridades universitarias como razones para deslegitimar la protesta. Sin embargo, la Observación General N.º 37 también aborda directamente este problema.
El párrafo 7 reconoce que las manifestaciones pueden ocasionar perturbaciones en la circulación de vehículos y peatones o en las actividades económicas. Y añade que esas consecuencias, sean intencionadas o no, no eliminan la protección que corresponde a las reuniones pacíficas. El párrafo 47 desarrolla el mismo principio: las protestas pueden alterar necesariamente la vida cotidiana y esas perturbaciones deben ser toleradas, salvo que impongan una carga desproporcionada sobre los derechos de otras personas.
La protesta no es un acto protocolar ni un pasacalles organizado para no incomodar a nadie. Su capacidad de interrumpir la normalidad es parte de su fuerza política. Exigir que los manifestantes se expresen sin alterar ninguna actividad equivale, en la práctica, a vaciar de contenido el derecho a la protesta. Esto no significa que cualquier medida esté permitida ni que los derechos de los demás carezcan de importancia. Significa que las molestias propias de una movilización no pueden convertirse, por sí solas, en argumentos para prohibirla o criminalizarla.
En el Perú existe, además, un pronunciamiento reciente del Tribunal Constitucional que refuerza esta interpretación. En la sentencia del Expediente 00018-2025-PI/TC, publicada el 22 de julio de 2026, el máximo intérprete de la Constitución reafirmó que la protesta es un derecho fundamental que asiste a quienes mantienen una posición crítica frente al poder, sea este público o privado. El Tribunal declaró inconstitucional una disposición que podía facilitar la criminalización de actos inherentes al ejercicio de este derecho, particularmente de acciones de apoyo solidario en manifestaciones pacíficas.
El pronunciamiento tiene especial relevancia para el conflicto de la PUCP. El derecho a la protesta no se limita a quienes cuestionan al Gobierno o a las autoridades estatales. También protege a los estudiantes que se organizan para cuestionar las decisiones de las autoridades universitarias. Ninguna institución privada está por encima de los derechos fundamentales ni puede sustraerse al escrutinio de quienes forman parte de su comunidad.
Tampoco existe fundamento para calificar la protesta estudiantil como un delito de usurpación. El artículo 202 del Código Penal exige condiciones específicas, como el despojo de un inmueble mediante violencia, amenaza o engaño, o la perturbación de la posesión mediante violencia o amenaza. Estas condiciones no se configuran por el hecho de que los estudiantes ocupen espacios universitarios o bloqueen accesos para expresar sus reclamos. Pretender convertir estas acciones de protesta en un delito supone forzar la interpretación de la ley y criminalizar el ejercicio de un derecho fundamental.
La autonomía universitaria no es una licencia para restringir derechos ni para disciplinar a quienes cuestionan las decisiones del Rectorado. Los estudiantes no necesitan autorización de sus autoridades para organizarse, manifestarse o expresar su desacuerdo. Una universidad que reivindica el pensamiento crítico no puede responder a la protesta estudiantil tratando a quienes la protagonizan como infractores. El derecho a protestar también existe dentro de la universidad, incluso cuando la protesta incomoda a quienes la dirigen.











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