José Williams Zapata y la masacre de Accomarca

El caso de la masacre de Accomarca —una de las peores masacres cometidas por el Estado durante el conflicto armado interno en el Perú— volvió en más de una ocasión a situar en el centro del debate público al ex militar y actual político José Williams Zapata. A pesar del paso de las décadas, la confluencia de hechos, testimonios y responsabilidades aún genera controversia.

Qué ocurrió en Accomarca

El 14 de agosto de 1985, en la zona de la quebrada conocida como Quebrada de Huancayoc, en Accomarca (provincia Vilcashuamán, Ayacucho), patrullas del ejército irrumpieron en una comunidad campesina. Hombres, mujeres, niños, ancianos —todos civiles desarmados— fueron agrupados, fusilados y sus cuerpos incendiados. El saldo estimado de víctimas varía según las fuentes: entre 47 y 74 personas, aunque comúnmente se habla de 69 muertos.

Testigos relataron una brutal agresión: los soldados, tras cerrar rutas de escape, entraron casa por casa, sacaron a personas de sus viviendas, las alinearon y dispararon; luego lanzaron granadas y quemaron los cuerpos. Las víctimas incluían mujeres y niños. Este episodio se convirtió en un símbolo de la represión estatal indiscriminada contra poblaciones rurales durante el conflicto armado interno en Perú entre los años 1980 y 2000.

¿Cuál fue el rol que se le atribuye a José Williams Zapata?

En 1985, José Williams era entonces coronel del ejército y comandante de la llamada “Compañía Lince”. En documentos judiciales revisados posteriormente, se estableció que durante una reunión de planificación del operativo en Accomarca —convocada como parte del llamado “Plan Huancayoc”— participaron, entre otros oficiales, el mayor Williams y los tenientes que luego lideraron las patrullas implicadas.

En esa reunión, se definió que dos de las cuatro patrullas de la Compañía Lince —la Lince 6 (bajo el mando del teniente Rivera Rondón) y la Lince 7 (bajo el mando del entonces subteniente Telmo Hurtado Hurtado)— ejecutarían la operación. Williams eligió dichas unidades para la acción.

En su testimonio judicial, Hurtado reconoció su participación en la masacre y declaró que recibió órdenes de sus superiores para no dejar registro escrito de las bajas —solo un reporte verbal— lo que, según él, buscaba “evitar denuncias de los familiares de las víctimas”.

Para muchos familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos, ese testimonio dejó entrever que Williams podría haber sido parte de una cadena de mando que buscó encubrir los crímenes, al menos como encubridor indirecto.

El proceso judicial: condenas, absoluciones y deudas pendientes

Tras décadas de impunidad, la justicia peruana reactivó el caso. El juicio se extendió desde 2010 y culminó en 2016, cuando un tribunal condenó a varios exmilitares implicados. Los condenados incluyeron al subteniente Hurtado (23 años), el teniente Rivera Rondón (24 años), así como oficiales de mayor rango como Wilfredo Mori Orzo, y otros, con penas de entre 24 y 25 años por delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, el tribunal absolvió a José Williams Zapata por “falta de pruebas suficientes” para comprobar su responsabilidad penal directa o mediata. Esa decisión ha sido objeto de crítica. Organismos de derechos humanos señalaron que, aunque algunos autores directos fueron condenados, la absolución de mandos superiores perpetúa una impunidad parcial, dificultando una reparación integral a víctimas y familiares.

Reaparición pública: de militar a político

A pesar de su vinculación histórica con la masacre, la carrera de Williams no se detuvo. Con el paso de los años, ascendió en las Fuerzas Armadas, participó en operaciones emblemáticas —como la Operación Chavín de Huántar (1997) — y llegó a ser jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Más recientemente, su nombre volvió a cobrar relevancia cuando fue elegido presidente del Congreso de la República, lo que reavivó las críticas sobre su pasado: muchos cuestionan que alguien con presuntos vínculos —aunque no condenados— con una masacre de civiles pueda ocupar altos cargos públicos.

Para los familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos, su ascenso simboliza la persistencia de una impunidad estructural: un pasado oscuro que, en sus ojos, no ha sido completamente aclarado ni sancionado.

Por qué sigue siendo relevante: memoria, justicia y política

La masacre de Accomarca es más que un hecho histórico: es un grito de memoria de las víctimas y una herida abierta en la historia peruana. Que su caso siga siendo centro de polémica demuestra lo difícil que ha sido para el país enfrentar la violencia estatal, establecer responsabilidades y reparar a las víctimas.

La figura de José Williams Zapata representa, para muchos, esa tensión entre “héroe militar” y “posible partícipe de crímenes de Estado”. La absolución que obtuvo judicialmente no cierra la discusión ética, moral y simbólica. Además, aunque la justicia condenó a varios de los ejecutores materialmente responsables, la absolución de mandos superiores deja —según organizaciones de derechos humanos— una deuda pendiente con la justicia completa.

Por eso, cada vez que su nombre reaparece en la esfera pública —como cuando asume un cargo político de relevancia— revive el reclamo social por verdad, condena efectiva, reparación y memoria. Para las víctimas y sus familias, no basta con condenar a algunos; se trata de reconstruir una narrativa honesta del pasado, reconocer el daño sistemático cometido y evitar que algo así vuelva a ocurrir.