Jerí pone en riesgo crédito popular al intervenir cajas municipales

El gobierno de transición del presidente José Jerí Oré enfrenta una de sus crisis más graves —y más preocupantes en términos institucionales— con la incursión política en las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), entidades financieras fundamentales para las micro y pequeñas empresas (MYPES) y millones de ahorristas peruanos. Lo que se vende en Palacio como una medida técnica para “modernizar” la gobernanza financiera, en los hechos es una maniobra para capturar políticamente estas instituciones, debilitando su independencia y arriesgando su estabilidad.

Una intervención por la puerta trasera

El detonante fue la inclusión en la Ley 32515, vinculada al endeudamiento público para 2026, de una disposición que modifica sustancialmente cómo se designan los directores de las cajas municipales. Este artículo fue, según gremios y expertos, introducido “entre gallos y medianoche” sin debate público ni consulta técnica previa, lo que ha generado alarma en el sector.

Según Jorge Solís, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), la norma permite al Ejecutivo —a través del viceministro de MYPES del Ministerio de la Producción— designar directores en las CMAC, desplazando a representantes de las MYPES y a mecanismos que históricamente habían garantizado legitimidad y transparencia.

Más aún, esta modificación no fue consensuada o sometida a debate profundo, evidenciando un uso acelerado y oportunista del proceso legislativo para imponer una agenda que favorece intereses políticos antes que la sostenibilidad del sistema financiero popular.

Autonomía pisoteada por el Ejecutivo y el Legislativo

La FEPCMAC ha calificado esta decisión como una intromisión política directa en la gestión de las cajas municipales. Según el gremio, la norma abre la posibilidad de que actores sin legitimidad representativa, como la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO), influyan en la designación de representantes de las micro y pequeñas empresas, pese a que dicha organización no cuenta con reconocimiento formal, arrastra deudas con la SUNAT y enfrenta cuestionamientos sobre su validez ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Desde la FEPCMAC también se advierte que este cambio normativo podría habilitar el ingreso de personas con antecedentes de conflictos de interés o sin experiencia técnica suficiente a los directorios de las cajas municipales, amparadas en una legislación hecha a medida. Esto supone, sostienen, un retroceso en los mecanismos de control y selección que hasta ahora habían garantizado cierto nivel de profesionalismo e independencia en la conducción de estas entidades financieras.

Este tipo de modificaciones debilita los estándares de idoneidad técnica y ética que la SBS considera fundamentales para preservar la estabilidad del sistema de cajas municipales, instituciones que administran decenas de miles de millones de soles en créditos y los ahorros de millones de peruanos, y que cumplen un rol clave en el financiamiento del crédito popular.

Gobierno sin rumbo y sin consideración técnica

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha sido clara en advertir que el proyecto de ley debería regresar a comisión para un análisis técnico serio, pues los cambios podrían afectar la gobernanza corporativa, la continuidad estratégica de cada caja y la confianza de los clientes y el público en general.

Además, expertos señalan que la inclusión de personas con antecedentes de gestión cuestionados o sin experiencia financiera sólida compromete gravemente la función de estas entidades, que no son instrumentos políticos sino instituciones centradas en facilitar crédito a quienes no son atendidos por la banca tradicional.

Una estrategia política con consecuencias económicas reales

Este ataque institucional no es menor: las cajas municipales representan una parte sustancial del crédito al sector productivo informal y semi-formal, y su autonomía ha sido clave para mantener una fuente confiable de financiamiento para millones de MYPES. La intervención política —guiada desde el Ejecutivo bajo Jerí y respaldada por sectores del Legislativo— expone este ecosistema financiero a la inestabilidad, la captura de intereses particulares y el debilitamiento de buenas prácticas de gobierno corporativo.

Organizaciones del sector han comparado estas maniobras con la polémica intervención en entes como Petroperú, donde la colocación de directivos con afinidades políticas erosionó la gestión técnica de la empresa.

Para muchos analistas, lo que está en juego es más que una reforma administrativa: es una reconfiguración del poder político sobre instituciones que deberían estar regidas por criterios técnicos y de mercado, no por agendas partidarias o de grupos de presión.

La falta de transparencia, la rapidez con que se introdujeron los cambios legales y la ausencia de diálogo con los actores directamente afectados —como la propia FEPCMAC y la SBS— apuntan a un patrón de decisiones improvisadas y orientadas más a favores políticos que al interés público. La consecuencia, advierten críticos, puede ser una pérdida de confianza en el sistema financiero popular y un debilitamiento de la capacidad de las cajas municipales para cumplir su función social y económica fundamental.