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El rapero y el pasamontañas

hace 23 horas
5 min de lectura



Hay documentos que el Estado escribe para acusar y que, leídos con paciencia, terminan acusando al Estado. La Disposición firmada el 13 de octubre por la fiscalía supraprovincial contra el terrorismo, es uno de ellos. Tiene cincuenta y tres páginas, o cincuenta y dos, según el pie de página que uno consulte, porque las carpetas fiscales, como los rumores, crecen en el camino.


En esas páginas se incorpora como presunto terrorista y militante del MRTA a Pedro Gonzalo Mosqueira Velásquez, rapero cusqueño al que medio país conoce como Pedro Mo. Se pide para él detención preliminar, allanamiento, descerraje, incautación y la extracción de su teléfono. La policía cumplió con diligencia ejemplar, esa que no siempre aparece cuando se trata de extorsionadores o sicarios. A ellos, se ve, nadie les ha encontrado todavía un afiche de rap.


Conviene, entonces, preguntarse qué hizo Pedro Mo. La respuesta del documento está escrita en un modo verbal que la gramática llama condicional y que el derecho debería llamar abuso: habría participado, habría recibido instrucción, presuntamente estaría vinculado, podría favorecer. Se trata de una prosa entera en potencial, donde nada ocurrió del todo, pero todo merece una celda. La propia Fiscalía lo admite con candor. La responsabilidad individual de cada investigado, escribe una y otra vez, “deberá determinarse”. Primero se detiene; luego, si hay tiempo, se averigua de qué. Es el método del sastre que corta la tela y después toma las medidas.


Lo que se le atribuye en concreto es haber estado en un entrenamiento en una comunidad de San Martín en marzo de 2025, registrado en un video de Facebook donde un grupo de personas aparece con los rostros cubiertos por pasamontañas. ¿Quién lo pone ahí? Un solo hombre. El “agente especial Carlos Campos”. Por supuesto, no se llama Carlos Campos. Tampoco es, en rigor, un agente. Es un particular con mucha memoria y una grabadora oportuna. Él narra el entrenamiento. Él entrega los audios. Él reconoce las voces en los audios que él mismo entregó. Y él, finalmente, reconoce a las personas del video, con un acta que afirma su “participación indubitable”. Reconocer un rostro bajo un pasamontañas es una destreza que hasta hoy se atribuía solo a las madres y a ciertos santos. No hay pericia fonética, no hay pericia de imagen, no hay un segundo testigo. Hay un narrador omnisciente, y lo omnisciente, en despachos fiscales y tribunales, suele ser sospechoso.


La cronología tampoco ayuda. Según la disposición, un video publicado el 21 de enero de 2024 documentaría un entrenamiento realizado en marzo de 2024. Una videograbación clarividente, que filma lo que todavía no ha sucedido. Un acta de reconocimiento de imágenes, fechada en mayo de 2025, examina un documento anónimo que llegó al correo de la DIRCOTE en diciembre de ese año. El mismo alias, “Waynaco”, se cuelga a dos personas distintas. Y el video “de 2025”, en el que Pedro Mo estaría, reutiliza imágenes del video de 2024, en el que, según la propia Fiscalía, no estaba. A veces la investigación criminal se parece demasiado al montaje cinematográfico, solo que sin créditos y con preso.


Luego vienen las corroboraciones, que son, en rigor, constataciones de geografía. Los agentes viajaron a San Martín y comprobaron que la comunidad existe. Fueron a San Martín de Porres y comprobaron que la casa existe. Fueron a Ventanilla y comprobaron que la cueva existe. Y, en un rapto de exhaustividad, levantaron un “acta de corroboración” de la ubicación de la dependencia policial de Pueblo Libre. Que la comisaría existe, al menos, ya nadie podrá negarlo. Es, hasta ahora, el único hecho plenamente acreditado de toda la investigación.


El resto del expediente es una antología de la vida pública de un artista. Se registra el afiche de un concierto de rap. Se analiza su perfil de Facebook, sus dieciséis mil seguidores, a quién etiqueta y quién lo saluda por su cumpleaños. Un “feliz cumpleaños, un año más de lucha” mereció acta, transcripción y análisis; los saludos de las tías, por ahora, siguen siendo lícitos. Un informe policial descubre, con alarma, que Pedro Mo escribió a cuatro colegios del Cusco para proponer actividades comunitarias “con enfoque artístico y ambiental”, y concluye que así buscaba “insertar” su organización en el espacio escolar. Otro informe lee una marcha nocturna con la consigna “Túpac Amaru vive” y la imagen del cacique de Tinta como un “enunciado simbólico de continuidad insurreccional”. Un tercero considera simbología terrorista la frase “somos hijos e hijas de Túpac Amaru y Micaela Bastidas”. Habrá que avisar a los ministerios de Educación y de Cultura, que llevan décadas difundiendo esa misma apología en los textos escolares.


Ni siquiera los libros se salvan. La transmisión en vivo de una presentación de Ediciones Achawata figura como elemento de convicción, y un video que conmemora la experiencia guerrillera del MIR de 1965 aparece catalogado como “agitación y propaganda”. La lectura de la historia política peruana se ha vuelto, para cierta policía, un indicio. Para completar el cuadro, un elemento de convicción es una entrevista de televisión de 2023 en la que un exjefe de inteligencia opinó sobre el colectivo de Pedro Mo. La opinión de un set de televisión convertida en prueba. Ni Kafka se atrevió a tanto.


La ley antiterrorista castiga a quien, mediante actos contra la vida, el cuerpo o el patrimonio, con medios capaces de causar estragos, crea un estado de zozobra en la población. Pero aquí no hay atentado, ni víctima, ni explosión. Hay un video que nadie conocía hasta que lo halló un “patrullaje virtual” policial y una pericia psicológica que se limita a advertir que el contenido “puede llevar” a los jóvenes a pensar mal de las autoridades, como si para eso hiciera falta un video. Es una zozobra que, hasta donde se sabe, solo sintió la DIRCOTE.


Tampoco sale mejor librado el segundo cargo. La disposición sostiene que Pedro Mo pertenece al MRTA, una organización a la que no le atribuye un solo hecho propio en años, pero cuya existencia da por descontada. La prueba es una escalera: la DIRCOTE dice que el Frente Democrático del Pueblo es un organismo generado del MRTA; la DIRCOTE dice que la Escuela Rebelde Saturnino Huillca se vincula al Frente; Pedro Mo comparte publicaciones de la Escuela; luego, Pedro Mo es del MRTA. Cada peldaño es una opinión policial apoyada en la anterior, y la escalera no conduce a ninguna parte, salvo a la responsabilidad por asociación. Con ese método, quien comparta esta columna debería ir buscando abogado.


El Perú ya conoce el final de esta película. La Corte Interamericana condenó a Chile en el caso Norín Catrimán por usar su ley antiterrorista contra dirigentes mapuches, con testigos de identidad reservada y razonamientos hechos de prejuicio. Y condenó al Perú, en Castillo Petruzzi, por la vaguedad de los mismos tipos penales que hoy se invocan. Lo que se repite no es la historia, sino la pereza de quienes no la leen.


Pedro Mo rima en presente. La Fiscalía escribe en condicional. Entre esos dos tiempos verbales se juega algo más que la libertad de un artista. Está en disputa si en este país la sospecha bastará para encarcelar, y si un pasamontañas ajeno, sumado a un informante muy dispuesto, puede ponerle rostro a cualquiera.


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