El día que Fernando Belaúnde ordenó lanzar napalm contra campesinos amazónicos

Durante décadas, Fernando Belaúnde Terry ha sido presentado por los medios de comunicación y la historiografía oficial como un demócrata ejemplar: el arquitecto visionario que soñó con carreteras para unir al país, el líder civil que resistió a las dictaduras militares, el político austero que devolvió la fe en las instituciones tras la dictadura de Odría. Sin embargo, al revisar la historia sin complacencias, emerge una realidad oculta que el relato oficial, construido por las élites políticas y académicas que dominaron la memoria del siglo XX, prefirió silenciar.

Esa otra cara tiene un lugar y una fecha: 1964, en la cuenca del río Yavarí, Amazonía peruana. En pleno primer gobierno de Belaúnde, el Estado peruano llevó a cabo un conjunto de bombardeos militares contra comunidades matsés, un pueblo indígena originario de esa región, usando bombas incendiarias que incluían napalm, arma química emblemática de la guerra de Vietnam. Testimonios de pobladores y antropólogos confirmaron que la Fuerza Aérea destruyó malocas, cultivos y selva, provocando desplazamientos, heridas y muertes en un número nunca esclarecido. Todo en nombre de un proyecto de “pacificación” que la historia oficial presentó, pero que fue en realidad una masacre sistemática.

El mito del demócrata

La figura de Belaúnde gozó de un prestigio casi intocable. Ingeniero, fundador de Acción Popular, fue derrocado por un golpe militar en 1968 y reelecto en 1980. Fue construido como un político honesto en medio de una clase dirigente plagada de corrupción; su nombre adorna avenidas, universidades y colegios, y su discurso del “Perú como doctrina” aún se repite en aulas y congresos.

Pero ese relato omite el costo humano y social de su proyecto político. La “integración nacional” que propuso, basada en expandir el Estado hacia territorios amazónicos y andinos, implicó la subordinación violenta de comunidades indígenas que defendían su territorio. Ningún episodio ilustró esa lógica con más crudeza que el bombardeo de 1964.

Progreso contra territorio

A inicios de los años sesenta, el Estado impulsaba proyectos para incorporar la Amazonía al mercado nacional: construir carreteras, atraer inversiones, facilitar la explotación forestal y establecer presencia militar. Desde Lima, la selva era vista como un espacio vacío y salvaje por civilizar; los pueblos indígenas se convirtieron en obstáculos para el desarrollo. En la cuenca del río Yavarí, los matsés resistían con arcos, flechas y trampas la entrada de colonos y madereros, temiendo la pérdida de tierras, la destrucción del bosque y la ruptura de sus formas de vida.

El bombardeo

En 1964, cuando un grupo de colonos avanzó sobre sus territorios, los matsés enfrentaron y expulsaron a los intrusos. La presión de las empresas madereras y la narrativa de “indígenas salvajes” en medios limeños llevaron a Belaúnde a autorizar una respuesta militar. En el contexto de la Guerra Fría, cualquier resistencia era catalogada como influenciada por el comunismo, lo que sirvió de pretexto para la operación armada.

En julio de ese año, aviones de la Fuerza Aérea bombardearon aldeas matsés con bombas incendiarias, entre ellas napalm, causando destrucción masiva. Esta arma, que arde a altísimas temperaturas y fue símbolo de la guerra de Vietnam, ya generaba rechazo internacional. Según testimonios, no hubo enfrentamiento armado: fue un castigo colectivo, una demostración de fuerza del Estado contra un pueblo sin armas modernas ni posibilidad real de defensa. Las comunidades quedaron desplazadas o diezmadas.

Los informes oficiales justificaron la operación con la falsa acusación de milicias comunistas entre los matsés, sin presentar ninguna prueba creíble. El uso del napalm fue confirmado años después por el Gobierno Revolucionario de Juan Velasco Alvarado. A pesar de ello, ni el Congreso ni el Poder Judicial investigaron el bombardeo, y ningún funcionario fue sancionado. Por décadas, la prensa limeña celebró la operación como un avance civilizador, presentando a los matsés como enemigos del Estado y legitimando así la violencia.

Este silencio contribuyó a la narrativa política de Belaúnde como rostro democrático del Perú moderno, imposible de reconciliar con el uso de armas químicas contra su propia población. Así, este episodio fue un tabú incluso en espacios académicos durante décadas.

Lo sucedido en Yavarí no fue un accidente sino la expresión extremada de una lógica estructural: el desarrollo concebido desde Lima tenía derecho a imponerse por la fuerza. La integración territorial que Belaúnde propuso a través de infraestructura —carreteras, represas, aeropuertos— para la Amazonía significó despojo, deforestación y militarización. La carretera Marginal de la Selva, símbolo del progreso, marcó el inicio del despojo para muchas comunidades indígenas. El proyecto ignoró deliberadamente los derechos colectivos y la autonomía cultural, viendo la Amazonía como territorio a conquistar. La resistencia se respondió con violencia.

Este uso del napalm cuestiona severamente si Belaúnde puede ser llamado demócrata. La democracia no se limita a elecciones o libertades formales: requiere limitar el uso de la fuerza, respetar derechos humanos y reconocer la diversidad cultural. En esos aspectos, su política falló estrepitosamente. A diferencia de los gobiernos autoritarios posteriores, su gestión tuvo un barniz civilista que le permitió evitar el escrutinio, pero el autoritarismo también puede manifestarse en la violencia estatal contra comunidades pacíficas.

El segundo gobierno: la misma lógica

La imagen de Belaúnde se fractura más aún al analizar su segundo mandato (1980-1985), en el que enfrentó el inicio del conflicto armado interno con Sendero Luminoso. Su respuesta estatal fue desproporcionada y violenta: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y masacres en Ayacucho y otras regiones. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en su gobierno ocurrieron algunas de las mayores violaciones a los derechos humanos del periodo 1980-2000. Eventos como las masacres de Socos revelan un patrón: culpabilización y militarización de amplios sectores campesinos, replicando la lógica que aplicó en 1964 contra los matsés. La historia se repitió: comunidades originarias convertidas en objetivos militares bajo un Estado que proclamaba defender la democracia.

El desprecio del régimen por la rendición de cuentas fue tal que, en 1984, Belaúnde literalmente desechó —tiró al tacho en Palacio de Gobierno, según testimonios de funcionarios de la época— un informe de Amnistía Internacional que advertía sobre ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y torturas cometidas por las fuerzas estatales en zonas de emergencia. Ese gesto simbólico no fue menor: representó el desprecio por las denuncias internacionales y la negativa a reconocer un patrón sistemático de abusos.

Belaúnde nunca asumió responsabilidad política, calificando la violencia de “excesos aislados” de las Fuerzas Armadas y negando políticas represivas sistemáticas. Y no era casual: su gobierno, tanto en los años sesenta como en los ochenta, estuvo al servicio de los intereses de las clases dominantes y de los grupos económicos tradicionales, que veían en la represión rural y en el control militar del campo un modo de preservar su hegemonía social y económica. La retórica democrática de Belaúnde sirvió como fachada de un proyecto político profundamente conservador, que criminalizó la protesta, defendió los privilegios de la élite y convirtió al Estado en garante armado de un orden social desigual.

El Perú mantiene una memoria histórica selectiva que glorifica personajes y silencia sus crímenes. Belaúnde es un ejemplo paradigmático: se celebra su discurso democrático, mientras se ocultan sus decisiones más atroces. Reconocer la masacre matsés y las violaciones de derechos en su segundo mandato sino justicia histórica.

Más de 50 años después, los matsés luchan por el reconocimiento de sus territorios y cultura. El Estado nunca pidió perdón ni reconoció el uso de napalm. No hubo comisiones de verdad ni reparaciones. Las víctimas siguen invisibilizadas en la historia oficial.

Mientras tanto, el legado de Belaúnde sigue siendo celebrado sin matices, y su figura simboliza la democracia. Esta glorificación acrítica forma parte del problema: un país que no enfrenta sus sombras está condenado a repetirlas. El día que Fernando Belaúnde ordenó lanzar napalm sobre comunidades amazónicas no fue un error aislado, sino la expresión más brutal de un proyecto político que bajo el nombre de progreso consideraba prescindibles a quienes no encajaban en su visión del país.