¿Por qué es un error exigir pintar de amarillo los autos por aplicación?

En un momento de expansión tecnológica sin precedentes, donde el transporte urbano se redefine gracias a la economía digital, Perú se enfrenta a una medida profundamente cuestionada: la exigencia de que los autos de aplicación –aquellos que prestan servicios a través de plataformas móviles de movilidad– deban pintarse de amarillo para operar formalmente. A simple vista, puede parecer una política inofensiva orientada a ordenar el tránsito y formalizar el servicio. Pero detrás de esta capa superficial se esconden problemas estructurales: violaciones a derechos individuales, riesgos económicos, inseguridad para los conductores, e incluso retrocesos en materia de innovación y empleo. A continuación, algunos argumentos que cuestionan la idoneidad de esta medida

Uniformidad no es sinónimo de legalidad

Una de las motivaciones más recurrentes de la ATU es que, al exigir un color estándar, se facilita la identificación y fiscalización de los autos que operan en movilidad digital. Sin embargo, esta lógica confunde visibilidad con cumplimiento normativo. Que un auto esté pintado de amarillo no garantiza que sea seguro, que su conductor esté capacitado, ni que su operación sea legal o ética.

En cambio, los vehículos registrados en plataformas de movilidad ya cumplen con procesos de verificación más avanzados: validación de identidad, historial del conductor, trazabilidad del viaje, puntuación por parte de usuarios, y seguimiento en tiempo real. Estos mecanismos son más transparentes y eficaces que una medida estética que apela al control visual, propia de décadas pasadas.

Un atentado contra la economía colaborativa

Uno de los grandes logros del ecosistema digital ha sido democratizar el acceso al empleo. Muchos peruanos encuentran en los servicios de movilidad por aplicación una fuente de ingresos flexible, complementaria o principal, usando su propio vehículo. Imponerles la obligación de cambiar su color –sea mediante pintura o vinilos homologados– representa una carga económica que puede superar los S/ 2,000, sumada a trámites ante aseguradoras, municipalidades y la propia ATU.

Este tipo de barreras desalienta la formalización, expulsando a muchos trabajadores del sistema. Deja afuera a quienes no pueden afrontar los costos iniciales o no quieren comprometer el valor de reventa de su vehículo. Además, ¿cómo podría un conductor alternar el uso familiar o personal de su auto si este debe estar pintado de un color institucionalizado? Lejos de apoyar la formalización, esta política castiga al pequeño emprendedor, lo desincentiva y refuerza la informalidad.

Riesgos para la seguridad de los conductores

Más allá de los aspectos económicos y legales, la visibilidad forzada convierte a los conductores en blancos vulnerables. Al estar marcados de forma tan evidente, se vuelven fácilmente identificables por delincuentes, extorsionadores o redes de trata que operan en distintas ciudades del país.

Esta no es una preocupación teórica. En varias zonas de Lima, los robos a conductores de autos de aplicación han aumentado, y muchos testimonios coinciden en que los vehículos más visibles son los primeros en ser atacados. Un carro pintado de amarillo señala el oficio del conductor, sus horarios típicos y su patrón de rutas, exponiéndolo más que protegiéndolo.

Falsa sensación de seguridad para la ciudadanía

Una de las justificaciones más frecuentes detrás de la propuesta de pintar de amarillo los autos de aplicación es “mejorar la seguridad” y facilitar su identificación por parte del público. Sin embargo, esta lógica puede resultar no solo ineficaz, sino contraproducente.

La idea de que un color garantiza seguridad es engañosa. Obligar a que todos los vehículos de plataformas digitales adopten una apariencia homogénea puede generar una falsa sensación de confianza en los usuarios. Es decir, muchas personas podrían asumir erróneamente que, al ver un auto amarillo en la vía pública, se trata de un servicio seguro, cuando en realidad no hay ningún mecanismo real de verificación detrás de ese color.

Este vacío puede ser aprovechado por delincuentes. Bastaría con pintar un vehículo de amarillo para que parezca autorizado, facilitando así robos, secuestros o extorsiones, sobre todo si empieza a tomar autos directamente desde la calle “porque ya se ven como taxis legales”.

Vulnera la libertad de trabajo

Desde un punto de vista legal y constitucional, el Estado no puede imponer sin justificación técnica razonable que un bien privado –como un automóvil personal– sea modificado estructuralmente para operar. Mucho menos si esa modificación afecta su valor comercial, limita su uso y no está compensada por ningún tipo de beneficio fiscal.

Esta medida puede considerarse una interferencia injustificada en el derecho de propiedad, en la libertad de trabajo y en el ejercicio del comercio. Si se formaliza como norma definitiva a partir del 2025, podría dar pie a demandas ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.

Regulación inteligente, no estética

¿De verdad es necesario pintar los autos? La respuesta técnica es no. Hoy contamos con medios mucho más eficientes y modernos para garantizar seguridad, legalidad y transparencia en los servicios de movilidad urbana.

Entre las medidas más viables y modernas se encuentran:

• Emisión de credenciales digitales y físicas con códigos QR para verificación instantánea.

• Supervisión a través de auditorías virtuales y cámaras de seguridad en puntos clave.

• Integración con sistemas municipales para seguimiento de rutas y tiempos de espera.

• Mecanismos de denuncia y revisión de calificaciones dentro de las plataformas.

Estas opciones no solo protegen al usuario, sino que empoderan al conductor, respetan su privacidad, y reducen los costos innecesarios.

¿Qué dice la ciudadanía?

La percepción pública ha sido clara: no hay consenso ni apoyo mayoritario a la medida. En redes sociales y foros digitales, los usuarios critican el enfoque “cosmético” de la ATU, señalando que no aborda los problemas reales del transporte en Lima: congestión, inseguridad vial, falta de fiscalización real y ausencia de una política integral de movilidad.

En vez de imponer un color, el Estado debería enfocarse en fortalecer regulación basada en tecnología, colaboración entre sectores, incentivos positivos y respeto al ciudadano.

En tiempos donde la innovación es clave, no podemos permitir que el futuro de la movilidad se pinte con ideas del pasado.