El experimento peruano: cómo el país se convierte en laboratorio de la ultraderecha regional

El Congreso peruano aprobó una ley que elimina el enfoque de género de las políticas públicas y reemplaza la Educación Sexual Integral por una versión reducida a criterios biológicos y éticos. No es un hecho aislado ni estrictamente doméstico. Es la pieza más reciente de una tendencia continental en la que sectores ultraconservadores buscan retrocesos legales en materia de igualdad, diversidad y autonomía corporal.

El Perú, por su crisis política prolongada, su institucionalidad debilitada y su Congreso dominado por fuerzas conservadoras, ofrece un terreno ideal para probar agendas que en otros países enfrentan mayor resistencia. La aprobación funciona como ensayo general: si se consolida sin un costo político significativo, se convertirá en un modelo exportable. Este es el mapa de un experimento.

Un Congreso abierto a la contrarreforma

Dentro del país la operación se sostiene en una articulación ya visible: bancadas conservadoras, sectores religiosos con creciente presencia política y grupos que desde hace años denuncian cualquier política de igualdad como una amenaza a la familia.

La coalición legislativa que impulsó la norma no es improvisada. Ha respaldado proyectos contra la educación sexual, contra la incorporación de diversidad en los currículos escolares y contra la participación de organizaciones de derechos humanos en procesos de formación del sistema de justicia. La ley aprobada en 2025 marca su victoria más contundente porque modifica directamente el marco conceptual con el que el Estado ha construido políticas públicas durante dos décadas.

Eliminar una categoría como “enfoque de género” no sólo es un acto discursivo: limita la capacidad estatal para identificar desigualdades, medirlas y justificar programas de prevención o reparación. La política pública se vuelve ciega a dinámicas estructurales que antes podía registrar.

La ola conservadora que atraviesa fronteras

Para entender por qué este avance ocurrió en Perú es necesario situarlo en un movimiento más amplio. Durante la última década, actores de ultraderecha han articulado campañas simultáneas en Europa, Estados Unidos y América Latina para atacar conceptos como género, diversidad y derechos sexuales.

Tres fuentes alimentan esa corriente:

1. La influencia bolsonarista: El discurso proveniente de Brasil entre 2018 y 2022 convirtió las políticas de género en enemigos públicos. La narrativa se exportó con facilidad: sostiene que el Estado debe limitarse a la enseñanza biológica y que cualquier enfoque de igualdad es una imposición ideológica. La experiencia brasileña mostró que este discurso es rentable políticamente.

   
   

2. Las redes de Vox en Iberoamérica: El partido español ha desarrollado una estrategia de internacionalización a través de plataformas como la Carta de Madrid. Su narrativa asigna a las políticas de género el papel de amenaza civilizatoria y propone retrocesos normativos como defensa de la identidad nacional. Perú ha sido uno de los destinos preferidos para difundir esa agenda, en especial en sectores militares, religiosos y empresariales.

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4. Las iglesias neopentecostales latinoamericanas: Con presencia creciente en política, han encontrado en la oposición al género un eje de movilización extraordinario. Sus estructuras organizativas, capacidad de convocatoria y presencia territorial les permiten influir en votaciones legislativas clave.

   
   

A esto se suma la influencia de think tanks estadounidenses anti-derechos, que promueven marcos argumentativos y asesorías legales para modificar leyes nacionales. En varios países han impulsado litigios contra políticas de igualdad. Perú recoge ese legado y lo incorpora a su propia agenda legislativa.

Por qué Perú: condiciones estructurales para una ofensiva

Las condiciones estructurales del país ayudan a explicar por qué esta ofensiva prospera. La fragmentación política posterior a 2016, la confrontación permanente entre Ejecutivo y Legislativo, la desconfianza social hacia las instituciones y la ausencia de partidos sólidos han generado un escenario donde el Congreso puede impulsar contrarreformas sin enfrentar controles efectivos. El periodo 2021–2026, en particular, está marcado por mayorías que consideran que las políticas de igualdad responden a influencias externas y no a realidades nacionales. La crisis social posterior a 2022 reforzó esta percepción al instalar discursos que presentan los derechos humanos como obstáculos para la seguridad o como expresiones de élites urbanas desconectadas del país real.

La sociedad civil peruana, aunque históricamente fuerte en temas de derechos humanos y género, ha enfrentado ciclos de desgaste, criminalización y restricciones administrativas. Esto explica por qué la reacción inicial a la norma no logró frenar su aprobación. Sin embargo, la historia reciente del país muestra que las contrarreformas pueden encontrar resistencias posteriores a través de litigios, movilización social y presión internacional.

La Defensoría del Pueblo, organizaciones feministas, colectivos estudiantiles, docentes y especialistas en políticas públicas han advertido que la reducción de la Educación Sexual Integral expone a niñas, niños y adolescentes a mayores riesgos de violencia sexual, desinformación y embarazos adolescentes, un problema persistente según reportes del Ministerio de Salud y de la OMS. También han advertido que eliminar el enfoque de género limita la capacidad del Estado para atender feminicidios, crímenes de odio y violencia doméstica, cuyos niveles en Perú se mantienen entre los más altos de la región.

Un Estado limitado en su capacidad de proteger

La supresión del enfoque de género elimina la herramienta conceptual que permitía identificar desigualdades estructurales entre mujeres, hombres y personas LGBT+. La sustitución por un criterio genérico de “igualdad de oportunidades” no ofrece mecanismos para analizar violencia, discriminación o brechas derivadas de roles sociales y normas culturales.

En educación, reducir la ESI a un conjunto de contenidos biológicos implica excluir debates sobre consentimiento, prevención de violencia sexual, relaciones afectivas, ciudadanía sexual y diversidad. La evidencia internacional muestra que cuando se elimina esta dimensión, aumentan riesgos como embarazos adolescentes, violencia de pareja en edades tempranas y desinformación sobre salud sexual y reproductiva.

En justicia, limitar la participación de organizaciones civiles en procesos de capacitación recorta la perspectiva especializada que permitía incorporar análisis de discriminación, violencia de género y crímenes de odio. El sistema queda expuesto a una mayor reproducción de sesgos, precisamente en un país con altos índices de feminicidios y violencia sexual.

El objetivo real: producir un caso replicable

No se trata solo de modificar una ley. La estrategia transnacional conservadora busca un caso exitoso que pueda presentar como ejemplo. La lógica es simple: si un país con una población grande, altamente urbana y atravesada por desigualdades históricas logra eliminar el enfoque de género sin enfrentar sanciones internacionales severas ni un derrumbe político, otros países podrán intentarlo.

El Perú se convierte así en un manual de instrucciones para la región. Lo que ocurre en Lima será observado desde Brasilia, Madrid, Washington, Buenos Aires y Ciudad de México por redes que buscan validar la narrativa de que las democracias pueden retroceder en derechos sin consecuencias institucionales.

Organizaciones feministas, asociaciones de docentes, colectivos LGBTI+, instituciones de derechos humanos y especialistas en políticas públicas han advertido los riesgos de la norma. Señalan que la eliminación del enfoque de género y la reducción de la ESI afectan directamente a poblaciones vulnerables y debilitan estrategias contra la violencia, un problema nacional que registra miles de denuncias anuales.

El experimento, entonces, no solo evalúa la capacidad de imponer una contrarreforma. También prueba la capacidad de resistencia social. Si la sociedad civil articula litigios, movilización sostenida y presión internacional —como ha ocurrido en otros momentos históricos—, el intento legislativo podría revertirse o quedar limitado en la práctica. Eso determinará si el Perú se convierte en ejemplo de retroceso o en evidencia del fracaso de una ofensiva conservadora que busca reescribir el mapa legal de América Latina.