Cinco momentos nefastos del periodismo peruano

El periodismo, en teoría, debería ser la conciencia crítica de una sociedad. Debería vigilar al poder, incomodarlo, denunciarlo cuando miente o roba. Debería iluminar lo que el poder quiere mantener en la sombra. Pero en el Perú, demasiadas veces, ha ocurrido lo contrario: los medios se han puesto al servicio del poder político o económico, han convertido la mentira en negocio, han sacrificado la verdad en el altar del rating. Estos son cinco episodios que lo demuestran —cinco heridas profundas en la historia del periodismo peruano contemporáneo—, que siguen recordándonos cuánto daño puede hacer una prensa que olvida su función.

I. La captura mediática del fujimorato: cuando la prensa fue un brazo del poder

Durante los últimos años del gobierno de Alberto Fujimori, el periodismo peruano protagonizó uno de los capítulos más oscuros y documentados de su historia: la captura sistemática de los principales medios de comunicación por parte del régimen. No fue censura disfrazada ni presión indirecta: fue compra directa, con fajos de dinero entregados a empresarios mediáticos en la misma oficina del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). El artífice de esa operación fue Vladimiro Montesinos, el asesor más poderoso del presidente.

Los llamados “vladivideos”, difundidos en el año 2000, mostraron con una claridad brutal cómo funcionaba el mecanismo. En una grabación emblemática del 5 de agosto de ese año, Montesinos aparece entregando 1,5 millones de dólares en efectivo a José Francisco Crousillat y a su hijo José Enrique, propietarios de América Televisión, a cambio de un contrato de “alineamiento informativo”: el canal debía difundir una línea editorial favorable al gobierno, minimizar los escándalos de corrupción y desacreditar a la oposición. En otro video, Montesinos negocia con Ernesto Schutz, dueño de Panamericana Televisión, pagos mensuales de 500 mil dólares para asegurar el control del noticiero “24 Horas” y del programa dominical “Panorama”. Lo mismo ocurrió con los hermanos Samuel y Mendel Winter, propietarios de Frecuencia Latina, con quienes pactó el retorno del canal a sus manos a cambio de cobertura política leal. Incluso Genaro Delgado Parker, de Red Global, fue filmado aceptando dinero a cambio de respaldo mediático.

La estrategia era clara: desactivar a la prensa como cuarto poder y convertirla en un brazo del aparato autoritario. Los noticieros presentaban la versión oficial sin cuestionamientos, los debates políticos eran cuidadosamente editados y las críticas al régimen desaparecieron del horario estelar. Programas incómodos fueron retirados del aire y periodistas independientes, como César Hildebrandt, fueron marginados de la televisión abierta tras negarse a aceptar las condiciones impuestas por el SIN.

Todo esto ocurría mientras el gobierno manipulaba las elecciones de 2000, buscaba perpetuarse en el poder y ocultaba graves violaciones a los derechos humanos. La prensa, en lugar de fiscalizar, fabricó un relato oficialista de progreso económico y “estabilidad democrática”. El país vivía una ficción cuidadosamente producida desde los sets de televisión comprados con dinero público.

II. La “prensa chicha”: el espectáculo del odio

Si la compra directa de canales y noticieros fue la cúspide de la corrupción mediática del régimen de Alberto Fujimori, la proliferación de la llamada prensa chicha representó su versión más vulgar, masiva y tóxica. Durante la segunda mitad de la década de 1990, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), dirigido por Vladimiro Montesinos, financió con dinero público una red de diarios sensacionalistas diseñados exclusivamente para destruir reputaciones, manipular a la opinión pública y mantener el control político.

Los títulos eran tan estridentes como su contenido: El Chino, La Chuchi, El Tío, La Yuca, El Mañanero, entre otros. Estos periódicos, vendidos a precios simbólicos en los quioscos, fueron financiados con fondos desviados del Estado —según documentó la Procuraduría Anticorrupción y las investigaciones judiciales posteriores— y administrados desde las oficinas del SIN. Un ejemplo emblemático ocurrió en la campaña electoral de 2000, cuando Montesinos destinó más de 122 millones de soles del presupuesto estatal a financiar estas publicaciones, según reveló la Comisión Investigadora del Congreso en 2002.

El objetivo era tan sencillo como brutal: destruir a los opositores de Fujimori a través del escarnio público. Políticos como Javier Diez Canseco, Lourdes Flores Nano y Fernando Olivera fueron blanco permanente de portadas insultantes y acusaciones falsas. Incluso Mario Vargas Llosa, ya fuera del país, fue caricaturizado como “vendepatria” en campañas coordinadas desde el SIN. Las portadas mezclaban mentiras con escándalos sexuales, rumores sobre infidelidades, acusaciones de “terrorismo” sin pruebas y fotografías manipuladas. En abril de 2000, por ejemplo, El Chino tituló: “Diez Canseco financiado por narcos”, una acusación nunca sustentada que buscaba neutralizar su crítica al régimen. En otra edición, La Chuchi publicó un montaje en el que Lourdes Flores aparecía en una fiesta “elitista” con supuestos empresarios corruptos, también sin evidencia alguna.

La táctica era doble: mientras las portadas insultaban a los adversarios políticos, las páginas interiores se llenaban de crímenes truculentos, chismes de farándula y supuestas “hazañas” del gobierno. Todo servía para moldear la percepción pública: el régimen aparecía como fuerte, eficaz y popular; la oposición, como corrupta, inútil o peligrosa.

Los juicios posteriores al colapso del fujimorato confirmaron que los pagos provenían de partidas secretas del SIN y que eran entregados en efectivo a los directores de estos diarios. En 2005, el Poder Judicial condenó a varios funcionarios por el desvío de fondos públicos para financiar la prensa chicha, aunque muchos periodistas y editores involucrados nunca enfrentaron sanciones.

La huella de esa estrategia perdura. La prensa chicha cambió el ecosistema mediático peruano: degradó el debate público, habituó a parte de la ciudadanía a consumir propaganda disfrazada de periodismo y sembró una desconfianza estructural hacia los medios. Desde entonces, el límite entre información y manipulación quedó peligrosamente difuminado —una herencia tóxica que aún hoy sigue viva en ciertas pantallas y portales.

III. El caso Willax y la pandemia: desinformar es también matar

En plena pandemia de COVID-19, cuando el miedo y la incertidumbre necesitaban respuestas basadas en evidencia, parte de la prensa peruana eligió el camino más irresponsable: el de la desinformación. En canales como Willax TV se difundieron teorías conspirativas sobre el virus, se promovieron tratamientos sin eficacia comprobada y se instaló desconfianza hacia las vacunas. Médicos sin respaldo científico fueron presentados como expertos, y declaraciones abiertamente falsas circularon sin filtro.

La consecuencia fue más grave que un simple error editorial: muchas personas, convencidas por esas versiones, rechazaron vacunas o retrasaron tratamientos. La desinformación no solo intoxicó el debate público, sino que tuvo consecuencias directas sobre la salud y la vida.

Esa misma lógica —la de la irresponsabilidad informativa— se repitió en la cobertura electoral de 2021, cuando algunos programas difundieron sin pruebas teorías de fraude, polarizando al país y debilitando la confianza en las instituciones electorales. Fue un recordatorio brutal de que el periodismo, cuando se desvía de su deber con la verdad, puede convertirse en un arma peligrosa.

IV. La cobertura del estallido social de 2022-2023: criminalizar la protesta, silenciar a los muertos

Entre diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023, el Perú vivió uno de los episodios más convulsos de su historia reciente: la destitución de Pedro Castillo, el ascenso de Dina Boluarte y una ola de protestas populares —especialmente en regiones andinas— que exigían cambios profundos en el sistema político. La respuesta del Estado fue brutal: más de 60 personas murieron, la mayoría por impactos de bala, según la Defensoría del Pueblo y Amnistía Internacional. Y, mientras tanto, buena parte de la prensa nacional decidió mirar hacia otro lado.

Lo que se vio entonces fue un periodismo alineado con el poder político y económico. Los noticieros más vistos y los principales diarios evitaron hablar de represión estatal y optaron por un discurso uniforme: “vándalos”, “terroristas”, “azuzados”. Se omitió sistemáticamente que la mayoría de víctimas no estaba armada. Se borró el rostro de los muertos. Se minimizó la represión y se repitieron sin contraste las versiones oficiales del gobierno y de la Policía.

Más aún: muchos medios promovieron activamente la idea de que detrás de las protestas existía una conspiración terrorista o narcotraficante. No presentaron pruebas, pero repitieron el relato día tras día, hasta convertirlo en sentido común. La estrategia era clara: deshumanizar a los manifestantes para justificar el uso desproporcionado de la fuerza.

El resultado fue doblemente devastador. Por un lado, la ciudadanía fue privada de un derecho básico: el de estar informada con veracidad sobre lo que ocurría. Por otro, la cobertura sesgada legitimó la violencia estatal e impidió que el país discutiera con madurez las causas de la crisis —la exclusión histórica, el racismo estructural, la crisis de representación política— que estaban detrás del estallido.

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch criticaron explícitamente el rol de la prensa peruana en esos meses, señalando que su cobertura “reforzó estigmas” y “debilitó el escrutinio democrático” sobre las violaciones de derechos humanos. Lo que se esperaba de los medios era un periodismo que investigara, que incomodara al poder, que contara la verdad aunque incomodara; lo que se obtuvo fue propaganda, criminalización y silencio.

Este caso revela que el problema del periodismo peruano no pertenece solo al pasado. Está aquí, ahora mismo, en los noticieros de las ocho, en los editoriales que llaman “terroristas” a campesinos y estudiantes, en los titulares que convierten a las víctimas en culpables. Y mientras no se asuma esa responsabilidad, el país seguirá sin la prensa libre, valiente y rigurosa que necesita para ser verdaderamente democrático.

IV. El caso Paolo Guerrero: cuando el periodismo devora a las personas

No todos los episodios oscuros del periodismo peruano están vinculados al poder político. Algunos nacen del mercado, del rating y del morbo. El tratamiento mediático del caso Paolo Guerrero lo demuestra con claridad y tiene raíces más antiguas de lo que muchos recuerdan. En octubre de 2008, la periodista Magaly Medina y su productor Ney Guerrero fueron condenados por difamación tras difundir en su programa imágenes y afirmaciones sobre la vida privada del delantero —en particular, un “ampay” junto a la modelo Fiorella Chirichigno— sin sustento y con clara intención de dañar su imagen. La sentencia les impuso cinco y tres meses de prisión efectiva, respectivamente, además del pago de una reparación civil. Era un precedente grave: un tribunal peruano había reconocido que se había cruzado la línea entre información y difamación.

Años después, esa misma lógica mediática se repetiría a escala nacional. En octubre de 2017, tras el partido Perú–Argentina por las Eliminatorias al Mundial de Rusia, Guerrero fue notificado de un resultado analítico adverso en un control antidopaje. A pesar de que el proceso disciplinario seguía su curso y no había fallo definitivo, gran parte de la prensa convirtió el caso en un espectáculo. Se filtraron documentos confidenciales, se difundieron hipótesis sin base científica, se especuló sobre consumo de drogas y se condenó al capitán de la selección ante la opinión pública mucho antes de que existiera una decisión formal.

Magaly Medina volvió a ocupar espacios televisivos insinuando que Guerrero tenía “problemas con la cocaína” o que “su carrera estaba acabada”, sin pruebas ni respaldo técnico. Su historial previo con el delantero le dio mayor resonancia a esos comentarios, que contribuyeron a un clima de linchamiento mediático. Otros programas deportivos y de espectáculos se sumaron a la dinámica: titulares como “Paolo se dopó” o “Fin del capitán” llenaron portadas, y el caso pasó de ser un asunto estrictamente deportivo y jurídico a una novela sensacionalista.

Finalmente, tras una serie de apelaciones, el Tribunal Federal Suizo suspendió la sanción del Tribunal de Arbitraje Deportivo en mayo de 2018, permitiendo que Guerrero jugara el Mundial con la selección. La propia FIFA reconoció que no había habido intención de dopaje. Pero el daño ya estaba hecho: durante meses, el periodismo peruano había sacrificado principios esenciales como la presunción de inocencia, la privacidad y el rigor informativo en nombre del entretenimiento y el rating.

No fue corrupción política, pero sí fue corrupción ética. Y esa puede ser incluso más peligrosa: erosiona la credibilidad desde adentro, convierte a la prensa en un verdugo y deja claro que, a veces, el peor enemigo del periodismo no está en el poder, sino en sí mismo.

Estos cinco momentos no son solo episodios del pasado. Son síntomas de males estructurales que siguen vivos: la concentración mediática, la dependencia del poder económico, la debilidad de la autorregulación y la ausencia de una cultura de verificación rigurosa. El periodismo peruano ha tenido páginas heroicas, sí, pero también tiene manchas profundas que debemos recordar, porque solo al mirarlas de frente podremos evitarlas.

La prensa no es una mercancía cualquiera: es un bien público. Y cuando se vende, cuando se arrodilla o cuando se vuelve un circo, no solo traiciona su misión; traiciona a la democracia misma.