Quince medidas concretas para enfrentar la criminalidad violenta y el crimen organizado fueron presentadas como parte de una estrategia nacional urgente que el gobierno de transición debería adoptar. Las propuestas apuntan a fortalecer las instituciones de justicia, combatir la corrupción y articular una política integral que enfrente las raíces estructurales de la inseguridad.

Según el Colegio de Sociólogos del Perú, la violencia y la inseguridad que atraviesa el país no son hechos aislados ni coyunturales, sino el resultado de un fracaso sostenido del Estado en materia de seguridad y justicia. En su pronunciamiento, el gremio advierte que el Perú padece una criminalidad violenta persistente que afecta gravemente a la ciudadanía y profundiza la impunidad. La expansión de los mercados ilegales —extorsión, homicidios, minería ilegal, tráfico de tierras y narcotráfico— se ha combinado con la debilidad institucional, la corrupción y la ausencia de políticas coherentes.

Prioridad nacional y reforma policial

El primer eje de las propuestas apunta al fortalecimiento de la seguridad ciudadana. El Colegio plantea declarar como prioridad nacional la lucha contra el crimen organizado y los delitos violentos, con énfasis en la extorsión, los homicidios, la minería ilegal y el tráfico de terrenos.

Pero el cambio de fondo, señalan, pasa por una reforma policial urgente. “No se trata de una modernización cosmética”, sostienen. La Policía Nacional debe redefinir sus funciones, concentrarse en la prevención y persecución del delito, y desprenderse de tareas que pueden asumir otras instituciones (como tránsito, turismo o salvataje). La reforma, añaden, debe incluir mecanismos efectivos de control y sanción de la corrupción, y promover una fuerza policial “meritocrática, transparente, democrática y al servicio de la ciudadanía”.

También se propone reformular el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) para desconcentrar competencias, dotar de recursos reales a los gobiernos regionales y fortalecer la fiscalización de la Contraloría. Además, el Colegio plantea restructurar la SUCAMEC mediante una auditoría integral de los últimos diez años, para identificar posibles vínculos de corrupción con el crimen organizado, especialmente en el manejo de armas y explosivos.

Otro punto clave es fortalecer la cultura de la denuncia. Según datos del INEI (2025), solo el 16 % de los peruanos denuncia los delitos sufridos. El gremio propone una estrategia nacional para revertir esa tendencia, basada en la reconstrucción de la confianza entre la ciudadanía y la Policía.

Control político y revisión de leyes

En materia de control político, los sociólogos exigen que el Congreso recupere su capacidad de fiscalización sobre la política de seguridad. Sugieren que el Legislativo solicite informes periódicos a la Policía Nacional, al Ministerio Público y al Poder Judicial sobre la cantidad de casos de extorsión y homicidio, y su nivel de esclarecimiento, investigación y sentencia.

Asimismo, piden derogar las llamadas “leyes procrimen y proimpunidad”, entre ellas las leyes 31751, 32104, 31990, 32108, 31989, 32054 y 32017, que —según el Colegio— debilitan la persecución penal y reducen la capacidad del Estado para sancionar la corrupción y el crimen organizado.

Atención a víctimas y huérfanos de la violencia

El pronunciamiento dedica un eje especial a las víctimas de extorsión y delitos violentos. Propone la creación de un Consejo de Reparaciones de Víctimas de la Delincuencia y de un Registro Nacional de Niñas y Niños Huérfanos por estos delitos, con una pensión mensual equivalente a un sueldo mínimo vital para garantizar su subsistencia y educación.

También se plantea asignar fondos adicionales a la Defensa Pública del Ministerio de Justicia para ofrecer representación gratuita a víctimas frente a organizaciones criminales, así como reformar la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, de modo que cuenten con acompañamiento integral durante todo el proceso judicial.

Información, investigación y contrainteligencia

El Colegio de Sociólogos advierte que el país carece de datos confiables y oportunos sobre delitos, lo que impide evaluar la efectividad de las políticas de seguridad. Por ello, proponen crear una encuesta anual sobre delitos violentos y extorsión, y una Comisión Especial de Reforma del Sistema de Denuncias Policial-Fiscal, orientada a mejorar la gestión de datos y la protección de denunciantes.

En cuanto a la investigación criminal, las medidas incluyen garantizar presupuestos específicos para los Departamentos de Investigación Criminal (DEPINCRI), fortalecer la carrera meritocrática de pesquisas y peritos, y crear una Unidad de Contrainteligencia Policial encargada exclusivamente de detectar y capturar a policías coludidos con el crimen organizado. Esta unidad, proponen, debe tener autonomía operativa, presupuesto propio y rendir cuentas directamente al Comandante General de la PNP, al Ministro del Interior y a la Presidencia de la República.

Un llamado a la acción estatal

El documento del Colegio de Sociólogos del Perú concluye con una advertencia: la violencia actual no es solo consecuencia del crimen organizado, sino del abandono estatal y la descomposición institucional. Por eso, sus quince medidas apuntan a reconstruir la confianza ciudadana y la capacidad del Estado.

“La seguridad no se logra con mano dura ni con populismo punitivo —señala el pronunciamiento—, sino con instituciones sólidas, justicia eficaz y una ciudadanía protegida y escuchada”.

En tiempos de emergencia nacional por la inseguridad, los sociólogos recuerdan algo esencial: que sin justicia ni Estado, no hay orden posible.