Perú: una sociedad despiadada

El colapso de los marcos morales en el Perú no es un fenómeno accidental, sino el resultado de décadas de la economía de la crueldad y la atomización social que esta provoca. A partir de los graves sucesos en el Liceo Naval, este articulo examina cómo la disolución de las redes de solidaridad familiar, el desprecio sistemático por la vida académica y docente, y la pervivencia de un trauma histórico fratricida no resuelto han liquidado toda contención moral, configurando un orden colectivo despiadado donde la crueldad se ejerce sin límites ni sanciones efectivas.

El síntoma en el Liceo Naval y la pérdida de la contención moral

Los sucesos registrados en el Liceo Naval Almirante Guise —donde un grupo de escolares ejerció violencia y ultraje sistemático contra un compañero dentro de una unidad de transporte escolar— no constituyen un hecho aislado, un exabrupto fortuito ni una anomalía atribuible al azar de la conducta adolescente. Tampoco admiten una aproximación dominada por la estridencia mediática o la búsqueda apresurada de chivos expiatorios con fines punitivos inmediatos. Cuando el análisis se distancia deliberadamente del dramatismo sensacionalista y de la asignación superficial de culpas, el acontecimiento adquiere su auténtico estatuto epistemológico: se revela como un síntoma terminal, una manifestación microscópica y elocuente de una crisis estructural que compromete las bases éticas de la vida colectiva en el Perú contemporáneo.

La crueldad y la compasión constituyen atributos prácticos consustanciales a la experiencia humana. A lo largo de la historia de los pueblos y a través de muy diversas formaciones sociales, ambas disposiciones han coexistido en una dialéctica incesante. Ninguna comunidad humana, sin embargo, ha podido asegurar su preservación descansando en la pura espontaneidad de sus inclinaciones. Por esta razón, las civilizaciones construyeron progresivamente sistemas de contención: códigos de honor, prescripciones religiosas, costumbres comunitarias, hábitos cívicos y horizontes de virtudes compartidas cuya función primordial radicaba en fijar límites al ejercicio del daño, sancionar el ensañamiento arbitrario y preservar un umbral mínimo de reconocimiento del prójimo.

La mutación acaecida en el Perú en las últimas cuatro décadas consistió en el desmantelamiento sistemático de tales cercos de contención moral. La entronización irrestricta de un modelo económico desregulado y mercantilizante no solo transformó las dinámicas productivas y financieras, sino que penetró las estructuras de la subjetividad cotidiana. Al elevarse la maximización del beneficio personal, la competencia despiadada y el rendimiento utilitario a la condición de rectores exclusivos de la existencia, el tejido de las costumbres y los acuerdos éticos intersubjetivos se pulverizó.

En este escenario de desregulación moral, la crueldad quedó despojada de sus frenos históricos. Las jerarquías históricas de exclusión que han asignado al país —el clasismo enconado, el racismo estructural, el sexismo predatorio y el desprecio visceral por la vulnerabilidad ajena— emergieron sin ataduras normativas, hallando en la lógica del avasallamiento un vehículo legítimo para expresarse sin pudor ni sanción social efectiva.

La disolución del hogar: culpar a lo que ya no existe

Frente a la visibilización pública de estas conductas predatorias, suele emerger de modo casi automático el reclamo conservador y la apelación complaciente del sentido común: sostener que la causa reside en la "crisis de la familia" o en la falta de formación en el hogar. Semejante formulación incurre en un error categorial insalvable: la familia no puede ser causa de la violencia, porque la familia, en rigor sociológico, prácticamente ya no existe. No es lícito culpar a una institución que ha sido vaciada de contenido y que hoy pervive apenas como un espectro discursivo, como una añoranza retórica que encubre su disolución material.

La ofensiva del sistema neoliberal sobre las condiciones de vida destruyó de raíz las redes de solidaridad familiar e intergeneracional que históricamente permitían el cuidado mutuo, la amortiguación de las crisis y la transmisión de un horizonte de límites éticos. El modelo socioeconómico precarizó el empleo, prolongó las jornadas laborales hasta límites asfixiantes y obligó a una dispersión espacial permanente en urbes caóticas. Aquello que la sociología convencional insiste en denominar "hogar" ha mutado en una entidad distinta: un grupo de parentesco neoliberal. Este no es otra cosa que un conglomerado de individuos atomizados que comparten un techo por motivos de copropiedad, reducción de costos o estricta supervivencia económica, pero cuyas trayectorias afectivas y temporales están fracturadas.

En ese espacio, la solidaridad orgánica ha sido reemplazada por transacciones funcionales y aislamiento tecnológico. Los adultos, absorbidos por la exigencia de generar ingresos para no caer en la indigencia, carecen del tiempo cualitativo y de la serenidad material indispensables para entablar una labor formativa; los jóvenes, librados a una soledad hiperconectada, aprenden las normas de convivencia a través de las lógicas del algoritmo y el consumo.

La red familiar extensa —aquellos tíos, abuelos, padrinos y vecinos que articulaban un tejido comunitario capaz de vigilar, contener y cobijar— fue desintegrada por la presión individualista que exige al sujeto valerse exclusivamente por sí mismo. Atribuir la crueldad de los actos juveniles a una presunta negligencia de los progenitores es eludir la raíz del problema: el orden socioeconómico vigente atomizó a las personas hasta transformar el hogar en una estación de paso donde nadie tiene la energía ni el amparo para educar en el cuidado del otro.

El desprecio del saber: la escuela frente el colapso de la estimación moral

Un desvío semejante ocurre cuando el debate público atribuye estos desbordes de agresividad a la "pérdida de autoridad" en los colegios y a la supuesta debilidad punitiva de los docentes. Plantear el problema en términos de coerción o déficit disciplinario denota una comprensión superficial del lazo pedagógico. Lo que se ha roto en el Perú no es un esquema de mando o castigo, sino la estimación moral de la escuela, del maestro y, en un sentido amplio, de la vida académica e intelectual en su conjunto.

Durante décadas, la escuela republicana constituyó el eje articulador de la legitimidad cívica y la vía privilegiada de la movilidad social ascendente. El profesor representaba una figura socialmente reverenciada, un custodio de la cultura y un referente cívico cuya palabra poseía densidad moral. Ese horizonte ha sido liquidado por la escala de valores del capitalismo tardío. En una sociedad donde el valor de un ser humano se mide de manera unívoca por su capacidad de consumo, exhibición material y rentabilidad inmediata, la vida intelectual y la consagración al estudio son vistas con abierta conmiseración o desdén. En la escala axiológica dominante, el maestro es percibido como un fracasado económico: un individuo subalternizado, pésimamente remunerado y relegado al margen del éxito.

Si la comunidad en su conjunto desprecia el conocimiento, la reflexión crítica, la cultura letrada y científica, las instituciones educativas quedan desprovistas de cualquier eficacia simbólica; devienen en recintos puramente inertes, incapaces de modelar caracteres o templar pasiones destructivas. La autoridad no emana del reglamento ni de la amenaza burocrática, sino del reconocimiento colectivo de la dignidad que porta quien enseña. Al desaparecer esa estima, el aula deja de ser un lugar de elevación humana y pasa a concebirse como un trámite estéril o un espacio de frustración.

En contrapartida, las rutas del ascenso social y el prestigio juvenil se trasladan hacia el dinero rápido, las economías subterráneas, la complicidad política mercantilizada o el sicariato. Quien ostenta la fuerza y el desparpajo material domina la escena; quien porta el libro y la norma ética es visto como un objeto de burla. La crueldad escolar es el reflejo exacto de esa inversión axiológica: los estudiantes reproducen en el aula el desprecio absoluto por la razón y la vulnerabilidad que la propia sociedad practica día a día.

La pulsión castrense desregulada y la escisión irresuelta del trauma histórico

Esta pérdida de densidad moral adquiere tonalidades particularmente agudas cuando se manifiesta al interior de espacios vinculados a la cultura militar. Tradicionalmente, la formación castrense ha hecho de la fuerza física, la jerarquía rígida y la subordinación corporal sus pilares formativos. Sin embargo, en otros momentos históricos, esa dureza doctrinaria operaba supeditada a ciertas nociones de honor, templanza institucional y deber hacia una colectividad mayor.

Cuando dicha tradición punitiva entra en contacto con el narcisismo desatado de nuestro tiempo, la desregulación de los límites y la búsqueda de autoafirmación instantánea, la disciplina se pervierte por completo. Despojada de un sustrato ético y de vigilancia civil efectiva, la severidad transmuta en sadismo puro, en intimidación gregaria y en el ejercicio impune de la dominación sobre los cuerpos más vulnerables. El avasallamiento y la agresión sexual no responden a extravíos episódicos: son la culminación de un código deformado donde la hombría y el estatus se conquistan infringiendo dolor al semejante, a menudo bajo la protección cómplice del silencio corporativo y el sentido de casta.

En el fondo de este escenario opera una dimensión histórica de gravedad: la total ausencia de un proceso de sanación cultural tras las dos décadas del conflicto armado interno (1980-2000). Lejos de tramitar el duelo colectivo mediante una confrontación honesta con las raíces del odio fratricida, el Estado y amplios sectores hegemónicos optaron por imponer el olvido, desacreditar la memoria histórica y bloquear cualquier reforma que pusiera en cuestión el racismo estructural y la deshumanización del otro.

Al cancelarse la posibilidad de elaborar simbólicamente esa catástrofe, la violencia fratricida no se extinguió; quedó suspendida en la atmósfera social como una fuerza demoníaca —en el sentido más riguroso del término daimon, aquello que fragmenta, escinde y polariza de manera irreconciliable—. La agresión sistemática entre compatriotas sigue siendo el mecanismo por defecto para dirimir conflictos o afirmar identidades colectivas. Una comunidad que no cura sus heridas históricas, que extingue sus redes de solidaridad comunitaria y que degrada la vida del espíritu a la categoría de estorbo económico, termina irremediablemente a la intemperie: convertida en una sociedad despiadada donde la crueldad ajena es celebrada y la compasión es considerada el signo definitivo de la derrota.

Conclusión

Sancionar el delito y determinar las responsabilidades individuales con rigor judicial es un imperativo ético impostergable; la impunidad frente al daño directo solo alimenta la degradación moral. Sin embargo, agotar la respuesta en el castigo de los transgresores inmediatos constituye una claudicación analítica que deja intacta la raíz del problema. La violencia que presenciamos no es un exabrupto aislado, sino la consecuencia lógica de un orden material que premia el canibalismo social y castiga la solidaridad. Ninguna reforma disciplinaria ni endurecimiento penal detendrán la crueldad mientras persista la arquitectura que la engendra. La auténtica salida exige confrontar y transformar de raíz el modelo económico disolvente, restituyendo el valor público del cuidado, el primado de la vida comunitaria y la dignidad del saber frente a la tiranía del mercado desregulado.