Oscuras estrategias

Luego de la captura de "Jhonsson Pulpo" en Bolivia, en un operativo en el que, según el ministro del Interior, César Astudillo, participaron el FBI y la DEA, y tras la visita de Marco Rubio para sellar la adhesión de nuestro país al Escudo de las Américas, se intuye que las agencias de seguridad estadounidenses colaborarán más estrechamente con la policía peruana para combatir el narcotráfico y la delincuencia internacional. 

En teoría, suena bien. Después de todo, seguimos siendo el patio trasero de una potencia mundial que ahora se disputa la hegemonía comercial y política con China, y nos toca agradecer “el favor” de ponernos de su lado en el ajedrez geopolítico, aunque en el fondo sepamos que a Donald Trump solo le interesan nuestros recursos como tierras raras, o usarnos como carne de cañón ante una escalada bélica.

Más allá de lo obvio, el problema de las entusiastas derechas latinoamericanas que apoyan el proyecto de Trump consiste en creer que las agencias de seguridad estadounidense son la cumbre de la eficiencia y rectitud, o que nuestra Policía, la peruana –que encubre a “Jolín”, por ejemplo–, está libre de infiltración criminal.

Y no es muy difícil hallar muestras de lo dicho.

Por ejemplo, en 2020, el agente especial de la DEA (Drug Enforcement Administration) José Irizarry se declaró culpable de conspiración, lavado de activos, robo de identidad, y fraude, entre otros delitos. El agente, nacido en Puerto Rico, tuvo la misión de infiltrarse en los cárteles de Colombia para recabar información, pero el estilo de vida de los narcotraficantes lo sedujo. A partir de 2010, desvió dinero destinado a diversas operaciones antinarcóticos hacia las cuentas de su esposa y sus socios. El desfalco, que Irizarry usó para adquirir autos de lujo, joyas, además de organizar orgías, duró hasta 2018, cuando renunció y empezó a ser investigado. Los medios lo bautizaron como “el agente más corrupto en la historia de la DEA”.

Y en todo lugar se cuecen habas. En febrero de 2023, un exagente del FBI (Federal Bureau of Investigation) fue condenado a seis años por recibir sobornos de un falso abogado ligado al crimen internacional. El agente Babak Broumand, alguna vez consultado por la CIA y encargado de investigar delitos de seguridad nacional, fue hallado culpable de recibir 150 000 dólares en dinero y servicios –como viajes de lujo, regalos y prostitutas– del estafador Edgar Sargsyan, relacionado con el crimen organizado armenio, a cambio de usar la base de datos del FBI para averiguar si el mafioso y sus socios estaban siendo investigados y desviar el rumbo de las pesquisas. 

¿Y cómo olvidar el caso peruano de la venta de armas a las FARC? Durante el tercer gobierno de Alberto Fujimori, la red de Vladimiro Montesinos desvió 10 000 fusiles AK-47, adquiridos oficialmente al gobierno de Jordania y pagados con cocaína a través del narcotraficante brasileño “Fernandinho”. Las armas irían a dar a las Fuerzas Armadas peruanas, pero terminaron cayendo en cajas lanzadas en paracaídas sobre territorio colombiano controlado por las FARC. 

Cuando la CIA tuvo acceso a esta información y la inteligencia colombiana le hizo saber a las autoridades peruanas que estaba al tanto, Fujimori y Montesinos idearon como coartada el “Plan Siberia”, un montaje mediático que intentó adelantarse al escándalo, asegurando que Perú había capturado a una banda de traficantes que lanzaba fusiles a países vecinos. Poco después, el gobierno de Fujimori se derrumbó. 

Luego de la CIA, para muchos especialistas, la DEA es una de las instituciones más contaminadas por la corrupción internacional. ¿Y qué podemos decir de nuestra Policía? 

Está claro que el Escudo de las Américas no es más que un peligroso capricho de Trump, sostenido de mala gana por la CIA y aplaudido por los gobiernos ultraderechistas de Latinoamérica. 

Por lo menos, los servicios secretos estadounidenses ya sabrán qué políticos peruanos están al servicio del narcotráfico y las mafias de la minería ilegal, ¿no?