Sociedad impávida

Qué agradecida debe estar la derecha más bruta y delictiva de este país con la presidenta Dina Boluarte por no haber renunciado durante las matanzas en el inicio de su gobierno. Dice la leyenda periodística que tal mérito le pertenece a su entonces premier Alberto Otárola. El tiempo y la justicia lo determinarán.

Lo que ocurrió después fue un desajuste de la movilidad social y una alteración de la perspectiva de futuro. Luego de las masacres de Huamanga y Juliaca, y del resto del país, la sociedad quedó desactivada políticamente. Con las semanas y meses de impunidad y con el progresivo desmantelamiento de la institucionalidad democrática, el pueblo cayó en la peligrosa convicción de que pelear ya no da resultados.

Dina se convirtió así, y sin pretenderlo inicialmente, en el soporte y aval de una estructura de corrupción y metástasis política sin precedente. La señora que debió renunciar y convocar a elecciones generales en su primer discurso oficial, se escindió de la realidad y quiso hacer historia desde el lodo y sobre esqueletos ajenos.

La derecha más bruta y delictiva de este país aún la sostiene en el poder porque asume que nos salvó del comunismo de Pedro Castillo. Aunque en el fondo los consideren –a Castillo y a ella– como dos juguetes de un mismo paquete. La narrativa actual de los libertarios de redes sociales es que ni Dina fue consciente del bien que le hizo al Perú al no renunciar porque de lo contrario seríamos una nueva Cuba. Con esta narrativa no es raro leer en algunos pasquines que la presidenta ha de merecer cierta indulgencia luego de concluido su mandato y que las fuerzas armadas deben ser perdonadas por sus excesos durante las masacres porque lo hicieron en defensa del orden democrático y económico.

Por otro lado, también es cierto que luego de esta tormenta el pueblo quedó impávido ante tanta miseria gubernamental. Y aunque la respuesta sobre la génesis de nuestra inacción siempre parece nebulosa, la mayoría de analistas coinciden en identificarla como una suma de miedo, hartazgo y resignación. La pregunta es hasta cuándo durará esto o si será nuestra nueva “marca Perú”. No lo sabremos a corto plazo. Solo sabemos que la rabia nos inunda y que apenas podemos expresarla en las encuestas de opinión que parecen no hacerle ni cosquillas al poder imperante.

Uno se pregunta, por igual, si nuestra inmovilidad social no es en parte cómplice de todo esto; o si los congresistas se ríen entre ellos de nuestra aura fantasmal antes de aprobar las leyes más dañinas para el país. Lo cierto es que la cuenta nos la pasará el 2026 y puede que sea muy alta. Puede que los negocios ya estén pactados y los engranajes en su lugar y que nosotros solo seamos la excusa que le dé validez al acto electoral y a su nuevo reino de procacidad y estupidez.

Es cierto que al pueblo aún le queda un derecho inalienable: el voto. Y tal vez nunca votemos por el más indicado, pero sí sabemos cuándo y cómo votar por la menos indicada. Keiko Fujimori lo sabe perfectamente.  

El hecho de que la Junta Nacional de Justicia, elegida en parte por un Defensor del Pueblo cerronista y un Tribunal Constitucional fujimorista, haya querido reponer ilegalmente y con ayuda de la “fuerza pública” a una fiscal de la Nación investigada y sospechosa hasta el cogote, y que como sociedad civil no hayamos tenido una reacción a la altura de las circunstancias debe llamarnos a reflexión, sobre todo por la vigencia de nuestros valores civiles.

Afortunadamente, el Poder Judicial ha salido al rescate y ha suspendido por 24 meses a Patricia Benavides por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal. Pero, de todas maneras, si no seguimos defendiendo la legalidad del Ministerio Público, aun con sus evidentes taras, qué nos esperará más tarde

¿No deberíamos estar en las calles como cuando el Congreso quería hacer repartijas con el Tribunal Constitucional o como cuando quiso aprobar una ley en detrimento del trabajo juvenil?  Hablamos de diciembre de 2014 y enero de 2015, por ejemplo, cuando miles de jóvenes recorrieron las calles y cientos se apostaron frente a la sede de la Confiep para manifestarse en contra de la ley del régimen laboral juvenil (la famosa “Ley Pulpín” que afectaba a jóvenes de entre 18 a 24 años) aprobada por el Congreso de entonces y derogada tras las protestas masivas. O qué fue de la Generación del Bicentenario, de todos esos jóvenes que sacaron del poder al brevísimo Manuel Merino.

La única certeza que tenemos por ahora es que, luego de la Fiscalía de la Nación (por ahora a salvo), lo que sigue son las instituciones electorales. Estas intentarán ser tomadas antes de fin de año. Quizá para entonces ya sea muy tarde nuestra reacción. Sin embargo, como ha demostrado la historia del Perú, la fuerza social es impredecible y se puede activar con una mínima chispa que genere reacción sobre toda la rabia e impotencia acumuladas.

Pero con todo lo que se viene, es probable que el panetón ya no la tenga tan fácil para vencer a Keiko Fujimori el 2026.