Revelan pactos ocultos tras el respaldo de Perú Libre a la destitución de la JNJ

Vladimir Cerrón y congresistas de Perú Libre inclinaron la balanza a favor de la destitución masiva de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en 2023, en aparente coordinación con la entonces fiscal de la nación, Patricia Benavides. Este movimiento coincidió con gestiones para proteger a un aliado clave de Cerrón, el vicealmirante Javier Bravo de Rueda, implicado en un caso de corrupción. Así lo revela una investigación de César Prado de IDL-Reporteros.

El giro de Perú Libre

En septiembre de 2023, la Comisión de Justicia del Congreso discutía una moción impulsada por Patricia Chirinos (Avanza País) para remover a los integrantes de la JNJ. Esta iniciativa, respaldada por congresistas conservadoras como Martha Moyano (Fuerza Popular) y Gladys Echaíz (Renovación Popular), tenía además el apoyo discreto de Patricia Benavides, quien enfrentaba investigaciones en la JNJ por presuntas irregularidades en su gestión.

Aunque inicialmente Perú Libre mostró desinterés en esta moción, el partido liderado por Cerrón cambió de postura de manera abrupta. En el tramo final de las discusiones, tres congresistas cerronistas, Flavio Cruz, Américo Gonza y José María Balcázar, votaron junto a las fuerzas de derecha para reformular el informe que exoneraba a los miembros de la JNJ, abriendo paso a su destitución.

El trasfondo de los acuerdos

La clave del cambio de posición de Perú Libre se encuentra en un testimonio entregado el 15 de abril de 2023 al fiscal Elmer Chirre Castillo. Un testigo protegido, abogado cercano a Benavides, declaró que Jaime Villanueva, asesor de la fiscal, le pidió asumir la defensa de Javier Bravo de Rueda, vicealmirante de la Marina de Guerra del Perú. Bravo de Rueda estaba implicado, junto a Cerrón y otros funcionarios, en una investigación por colusión relacionada con la construcción del puente Comuneros II en Junín.

El proyecto, suscrito en 2019 entre el Gobierno Regional de Junín y Servicios Industriales de la Marina (Sima), incluyó cuatro adendas que la Contraloría calificó como irregulares. Cerca de 70 millones de soles fueron destinados a CESMA Ingenieros, una empresa subcontratada por Sima, lo que levantó sospechas de corrupción. En 2022, la Fiscalía formalizó una investigación contra Cerrón, Bravo de Rueda y otros involucrados.

Negociaciones discretas y presión política

Según el testimonio protegido, la defensa de Bravo de Rueda fue gestionada por Villanueva, quien organizó reuniones en el restaurante “Zoyla” de Miraflores para coordinar los detalles. En una de esas citas, Bravo de Rueda pidió una rebaja en los honorarios del abogado, argumentando que los fondos provendrían de la Marina de Guerra. Las gestiones continuaron hasta noviembre de 2023, cuando Villanueva fue detenido en el Operativo Valquiria, acusado de ser parte de la organización criminal “La fiscal y su cúpula del poder”.

En paralelo, Benavides participaba activamente en el debate político. El 6 de octubre, denunció ante la Comisión de Justicia del Congreso una supuesta persecución de la JNJ en su contra. Días después, el 18 de octubre, el informe que inicialmente exoneraba a la JNJ fue modificado gracias a los votos de congresistas cerronistas. Finalmente, la destitución se aprobó con 15 votos a favor, consolidando la alianza entre Perú Libre y la derecha.