¿Por qué arde Moquegua? Las claves para entender este conflicto
La provincia de General Sánchez Cerro, en Moquegua, enfrenta una de las protestas más significativas de los últimos años. Desde el 3 de diciembre de 2024, los pobladores iniciaron un paro indefinido en rechazo a la contaminación del río Coralaque, atribuida a la minera Aruntani SAC. Este conflicto no solo refleja la indignación local ante el daño ambiental, sino también el descontento generalizado frente a un modelo económico extractivista que prioriza intereses empresariales sobre la vida y los derechos de las comunidades. A continuación, se presentan las claves para comprender la magnitud y las implicancias de esta crisis.
Una crisis ambiental de más de una década
El río Coralaque, vital para las comunidades de General Sánchez Cerro, lleva más de diez años contaminado por efluentes tóxicos de la mina Tucari, operada por Aruntani SAC. Informes del OEFA, ALA y del sector Salud han evidenciado que las quebradas Margaritani y Apostolani, afluentes del río, han sido devastadas por lixiviados mineros. Esto ha generado la muerte masiva de especies como truchas y camarones, y ha hecho el agua inutilizable para el consumo humano y agrícola. Desde 2010, las aguas del Coralaque y el Tambo han quedado no aptas para el consumo humano, el ganado ni la agricultura, constituyendo un grave riesgo ambiental.
Protestas por el abandono estatal
El 3 de diciembre de 2024, los pobladores iniciaron un paro indefinido, bloqueando el puente Montalvo, un punto clave de la Panamericana Sur, lo que afectó el tránsito entre varias regiones, incluida la conexión con Puno, Cusco y Bolivia. Los manifestantes exigen al gobierno central una solución inmediata al grave problema de contaminación. A pesar de múltiples estados de emergencia desde 2021, las acciones del gobierno han sido limitadas a medidas paliativas sin soluciones estructurales. Este abandono ha incrementado la frustración de la población.
Promesas incumplidas y desconfianza
En julio de 2024, el exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, prometió cerrar la mina Tucari y llevar a la justicia a Aruntani SAC, pero su censura por el Congreso impidió que estas acciones se concretaran. Las comunidades han interpuesto demandas legales para exigir la remediación ambiental, pero los procesos siguen siendo lentos. Además, la falta de voluntad política y la impunidad percibida por las autoridades agravan el conflicto.
El modelo extractivista bajo escrutinio
Este conflicto refleja las tensiones más amplias entre las actividades extractivas y las comunidades rurales en el Perú. El modelo económico basado en la minería ha generado grandes ingresos para el Estado, pero también ha dejado un legado de contaminación, desigualdad y conflictos sociales. En Moquegua, a pesar de que la minería genera alrededor de 26,000 empleos directos, persisten serias brechas sociales. En 2020, el 32.7% de los niños en la región sufrían de anemia, y más del 65% de la población activa trabaja en la informalidad. La crisis de Moquegua subraya cómo los beneficios de la minería no se traducen en mejoras para la calidad de vida local.
Posibles consecuencias y proyecciones
El paro de General Sánchez Cerro es una muestra del creciente descontento social frente a la gestión de los recursos naturales en el país. Si el gobierno no aborda este conflicto con prontitud, las protestas podrían extenderse a otras regiones afectadas por problemas similares, lo que impactaría la estabilidad social y el comercio en el sur del país, un corredor estratégico para el comercio internacional. Esta crisis representa una oportunidad para que el Estado redefina su relación con las comunidades y priorice soluciones sostenibles que protejan el medio ambiente y garanticen derechos fundamentales.
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