La subcontratación minera y el auge de las bandas en Pataz

En los últimos años, la provincia de Pataz, en el departamento de La Libertad, se ha convertido en uno de los epicentros de una creciente crisis minera que involucra no solo la minería ilegal, sino también la subcontratación de actividades mineras, un fenómeno que ha tenido consecuencias devastadoras para la región. La tragedia reciente, en la que fueron hallados los cuerpos de 13 trabajadores de seguridad en un socavón, pone de manifiesto los problemas que aquejan a esta zona minera y la urgente necesidad de una intervención estatal más eficaz.

Una historia de descontrol y subcontratación

La minería en Pataz, inicialmente caracterizada por la pequeña minería artesanal, experimentó un auge significativo a partir de la pandemia de COVID-19. El aumento en los precios del oro atrajo a numerosos mineros ilegales que encontraron en esta región una oportunidad de oro, literalmente. A medida que la minería ilegal se expandía, también lo hacía la presencia de bandas criminales organizadas, como Los Pulpos y el Tren de Aragua, que no solo controlaban la extracción del mineral, sino también las rutas comerciales. Estas bandas formaron alianzas con mineros ilegales para consolidar su dominio sobre la región y asegurar sus ganancias.

La subcontratación minera se convirtió en un mecanismo crucial para la expansión de la minería ilegal. Las empresas mineras formales, en su afán de reducir costos o aumentar su producción, delegaron operaciones a contratistas que, a menudo, subcontrataron a mineros ilegales. Este sistema permitió que organizaciones criminales se infiltraran en el negocio, operando bajo la fachada de actividades legales. La falta de control y regulación en las actividades mineras hizo que las mafias pudieran operar con total impunidad, controlando tanto la extracción como el comercio de minerales.

Este fenómeno transformó a Pataz en un territorio donde la minería ilegal no solo es una actividad económica, sino también una fuente de financiamiento para el crimen organizado. La falta de políticas efectivas para formalizar la minería y la ausencia de un control estatal adecuado permitieron que las mafias se apoderaran de la región, sometiendo a los trabajadores a condiciones de explotación y violencia. La situación de descontrol no solo afecta a los trabajadores informales, sino que también facilita que actores ilegales se infiltren en las operaciones de las empresas formales.

La masacre de 13 Trabajadores: inseguridad y el control criminal

El 4 de mayo de 2025, el hallazgo de los cuerpos de 13 trabajadores de seguridad de la empresa R&R, contratista de la minera Poderosa, sumió a Pataz en un clima de horror. Los trabajadores, que habían sido secuestrados el 25 de abril por sicarios ligados a bandas criminales dedicadas a la minería ilegal, fueron encontrados en un socavón tras ser ejecutados. Este trágico suceso refleja el nivel de violencia y descontrol que prevalece en la zona minera, donde las autoridades locales y nacionales no han logrado garantizar la seguridad de los trabajadores ni el respeto por la ley.

Este caso subraya cómo la subcontratación minera y la falta de control estatal se entrelazan, creando un caldo de cultivo para la violencia y la explotación. Al externalizar los servicios de seguridad, la empresa R&R no garantizó las condiciones de seguridad adecuadas ni supervisó las prácticas en la zona, lo que permitió que grupos criminales vinculados a la minería ilegal tomaran el control. La ausencia de regulación y fiscalización facilitó que las mafias se infiltraran en el sistema, exponiendo a los trabajadores a un entorno de total impunidad, donde los intereses de las empresas formales se combinan con los de actores ilegales, sin que el Estado intervenga de manera efectiva para frenar esta dinámica. La masacre es un claro ejemplo de las consecuencias de un sistema minero desregulado y de un control estatal insuficiente.

Las medidas de Gobierno

El gobierno peruano ha comenzado a tomar medidas ante la crisis de minería ilegal en Pataz, pero sus acciones han sido tardías y desarticuladas. El 5 de mayo de 2025, la presidenta Dina Boluarte anunció la suspensión de todas las actividades mineras en la provincia durante 30 días, afectando tanto a empresas formales como informales, en un intento de controlar la minería ilegal.

Esta decisión llega demasiado tarde, pues no aborda los problemas estructurales de la minería en la región, como la falta de formalización y las cadenas de subcontratación minera ilegal, que han permitido a las mafias infiltrarse y tomar control de las operaciones. Además, el gobierno declaró el toque de queda y envió tropas militares para controlar la situación, estableciendo una base tipo VRAEM, pero las intervenciones militares no han mostrado ser eficaces en el pasado para erradicar el problema en otras zonas mineras.

Una reforma urgente

El caso de Pataz pone en evidencia las fallas en el modelo de subcontratación minera en el Perú. Si bien este modelo ha permitido a las empresas mineras aumentar su producción y reducir costos, también ha facilitado el crecimiento de actividades ilegales que han generado graves consecuencias sociales, económicas y ambientales. Para enfrentar esta crisis, es necesario repensar y reformar la forma en que se lleva a cabo la subcontratación minera en el país.

Las autoridades deben fortalecer los mecanismos de control sobre las empresas mineras y sus contratistas, asegurándose de que no se violen las normas laborales ni las regulaciones medioambientales. Además, se requiere un esfuerzo coordinado entre el gobierno central, los gobiernos locales y las organizaciones sociales para formalizar la minería artesanal, dándole a los mineros informales la oportunidad de integrarse al sistema formal de producción minera, a través de una formalización efectiva y el acceso a condiciones laborales dignas.

El Estado también debe luchar contra la corrupción y la colusión entre funcionarios públicos y actores privados que facilitan la minería ilegal. La subcontratación minera no debe convertirse en una vía para la impunidad ni para el fortalecimiento de redes criminales.