La resolución fantasma y el plan para devolver el poder a Patricia Benavides

El Perú enfrenta una crisis institucional sin precedentes que pone en jaque la independencia del Ministerio Público y la fortaleza democrática del país. Un reciente informe del Instituto de Defensa Legal (IDL) y Justicia Viva, titulado “Esa resolución no existe”, expone los graves vicios legales detrás de la polémica resolución firmada por Gino Ríos Patio, presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que busca reinstalar a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación. Lo que está en juego, advierten, es mucho más que un nombramiento: se trata de una operación orquestada desde las más altas esferas de poder para garantizar impunidad y sepultar la independencia del sistema de justicia.

El documento que no existe… pero que lo cambió todo

El detonante de esta crisis institucional fue un documento de 24 páginas, fechado el 13 de junio de 2025, y firmado únicamente por Gino Ríos Patio, presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), exprocurador del segundo gobierno de Alan García y actualmente investigado por el caso Lava Jato. Esta resolución, que carece de validez formal y sustento legal, ordena la reposición de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, vulnerando, según el Instituto de Defensa Legal (IDL), al menos siete principios constitucionales y administrativos básicos.

El documento no cuenta con las firmas de los siete integrantes del Pleno de la JNJ, como exige la ley. No hay acta, ni registro de votación pública, ni sustento jurídico válido. La norma es clara: una nulidad de oficio solo puede proceder con la unanimidad del Pleno. En este caso, incluso uno de los consejeros, Francisco Távara, se retiró expresamente del proceso por considerarlo inconstitucional.

La resolución busca revertir la destitución de Patricia Benavides, quien fue removida en 2024 tras interferir en investigaciones fiscales que involucraban a su hermana, la jueza Enma Benavides, investigada por corrupción vinculada al narcotráfico. Además, Benavides ya había sido suspendida en 2023 por el caso “Valquiria”, relacionado con corrupción de funcionarios públicos, y su gestión se caracterizó por el retroceso en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2022 y 2023.

Este intento de retorno no solo implica un grave retroceso institucional, sino que ha generado preocupación internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial han expresado su alarma ante los ataques al debido proceso y a la autonomía del Ministerio Público, en un contexto de creciente presión política y amenazas a la independencia judicial en el Perú.

Patricia Benavides: De destituida por corrupción a protagonista de un golpe jurídico

La destitución de Patricia Benavides en 2024 fue el resultado de un proceso disciplinario formal. Los cargos que la alejaron de su puesto fueron graves: interferencia en investigaciones fiscales (entre ellas, la que involucraba a su propia hermana, la jueza Enma Benavides, por corrupción vinculada al narcotráfico), maltrato laboral a subordinadas y favorecer ilegalmente a funcionarios sancionados. Todo esto fue revisado y confirmado en un recurso de reconsideración. La vía administrativa estaba agotada.

Sin embargo, a inicios de 2025, con una JNJ renovada en medio de cuestionamientos por su falta de independencia, Benavides presentó una nueva solicitud de nulidad. Pese a que esta fue formulada por su abogado y no por ningún integrante de la JNJ (lo que la convierte en una nulidad de parte disfrazada de "nulidad de oficio"), el proceso avanzó a una velocidad y opacidad preocupantes.

La ilegalidad tras la “resolución”

Según el informe de IDL, el procedimiento incumplió todos los estándares legales básicos:

• Una decisión que ya estaba cerrada: La destitución de Benavides fue resuelta de manera definitiva por la JNJ en 2024. Legalmente, el caso estaba concluido y no podía ser reabierto. Volver a tocarlo viola el principio de cosa decidida, que garantiza que una resolución firme no pueda ser modificada caprichosamente.

  
  

• Metiéndose donde no les toca: Al momento de emitir esta resolución, el caso ya estaba en manos del Poder Judicial, debido a un amparo presentado por la propia Benavides. Eso significa que la JNJ no tenía ninguna competencia para intervenir. La Constitución prohíbe que un órgano administrativo interfiera en procesos que ya están judicializados.

  
  

• Sin iniciativa válida: La nulidad de oficio que intentaron aplicar solo puede iniciarla formalmente un integrante de la JNJ, según la ley. Pero en este caso, la solicitud vino desde la defensa particular de Benavides. Ningún miembro del Pleno promovió el proceso, lo que convierte la actuación de la JNJ en un acto carente de legalidad desde el inicio.

  
  

• Cero transparencia: No hubo transmisión pública de las supuestas deliberaciones internas. Tampoco existe un acta oficial, registro audiovisual ni constancia de que el tema haya sido debatido y votado por el Pleno, como lo exige la normativa vigente. Todo el proceso se realizó a espaldas de la ciudadanía.

  
  

• Asumiendo un rol que no les corresponde: Nombrar o reponer a un Fiscal de la Nación no está dentro de las funciones de la JNJ. Esa facultad corresponde únicamente a la Junta de Fiscales Supremos. La JNJ no solo se extralimitó en sus funciones, sino que invadió competencias que constitucionalmente no le pertenecen.

  
  

• Un documento incompleto y sin respaldo: La resolución carece de un requisito clave: la firma de todos los miembros del Pleno de la JNJ. La ley es tajante en esto: cualquier decisión de nulidad de oficio requiere el voto unánime y la firma de todos los consejeros. Aquí solo firmó el presidente, Gino Ríos, lo que la deja sin validez jurídica.

  
  

• Una intervención paralela e ilegal: Mientras todo esto ocurría, el Poder Judicial seguía tramitando el amparo presentado por Benavides. Es decir, había un proceso judicial en curso que ya analizaba exactamente el mismo tema. La intervención de la JNJ no solo fue extemporánea, sino que representa una intromisión directa en la independencia judicial.

  
  

La puesta en escena: irrupción en la Fiscalía y respaldo policial

El 16 de junio, en un hecho digno de crónica negra, Patricia Benavides ingresó a la sede del Ministerio Público con escolta policial y portando la cinta y medalla de Fiscal de la Nación. Todo, mientras la verdadera Fiscal, Delia Espinoza, seguía ejerciendo el cargo de manera legítima.

La Policía Nacional, bajo órdenes directas de la Comandancia General, le otorgó seguridad oficial a Benavides, respaldando así una resolución inexistente. La Defensoría del Pueblo, liderada por Josué Gutiérrez, también jugó un papel cuestionable en este episodio, brindando cobertura institucional a un acto que podría configurarse como usurpación de funciones.

Reacciones internacionales: La CIDH con la mirada puesta en el Perú

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial han mostrado preocupación creciente sobre la situación en el Perú. No es la primera vez: ya en 2024 alertaron sobre el debilitamiento del sistema de justicia peruano durante el proceso de selección de la actual JNJ.

La gravedad de los hechos llevó a la CIDH a realizar dos audiencias públicas sobre el caso Perú en menos de un año. Las advertencias fueron claras: lo que se juega aquí es la continuidad de un sistema democrático con un Ministerio Público independiente, capaz de perseguir delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

¿Quiénes están detrás?

Los nombres que giran alrededor de este episodio son conocidos: Jorge del Castillo, abogado y excongresista aprista; Humberto Abanto, abogado defensor de varios implicados en el caso Lava Jato; altos mandos policiales; y la propia Patricia Benavides. Todos con intereses directos o indirectos en investigaciones de corrupción.

El contexto es aún más alarmante si se recuerda que los actuales integrantes de la JNJ fueron elegidos en un proceso lleno de irregularidades, donde, según informes internacionales, no se garantizó la independencia.

¿Qué está en juego?

La estabilidad democrática del Perú. El desenlace de este caso marcará un antes y un después en la relación entre los poderes del Estado y la autonomía de las instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción.

Este no es solo un conflicto entre abogados o tecnicismos legales. Aquí lo que está en juego es el futuro de la justicia peruana. Si una fiscal destituida por interferencia en investigaciones puede regresar al cargo por la sola firma de un presidente de la JNJ, sin el respaldo del Pleno, sin respetar la ley y con el apoyo operativo de fuerzas estatales, el Perú podría estar cruzando una línea de la que será muy difícil regresar.

El informe del IDL concluye que la resolución que pretende reinstalar a Patricia Benavides es un acto ilegal, arbitrario y carente de validez que representa un golpe institucional grave. La defensa de la autonomía y la independencia del Ministerio Público es vital para evitar que los crímenes y actos de corrupción cometidos en los últimos años queden en la impunidad y para preservar la democracia en el país.