La privatización fujimorista de la educación ya fracasó

La señora Fujimori dice que “gobernará como su padre”, lo que en muchos aspectos debe ser entendido como una amenaza para los peruanos. El padre de la señora, como se sabe, fue condenado judicialmente por diversos crímenes cometidos durante su presidencia y, en el plano internacional, su gobierno fue considerado uno de los más corruptos del siglo XX. Sin embargo, existen ámbitos particularmente fracasados de su nefasta gestión cuya responsabilidad aún no ha sido señalada con suficiente claridad. Uno de ellos es la educación escolar, que lleva más de treinta años atrapada en el estancamiento.

La principal apuesta de Fujimori padre en política educativa fue la promoción de la privatización mercantilista de la educación, concebida como un negocio rentable desde los grandes centros internacionales de poder político, financiero, económico y cultural. Los cambios constitucionales, legales e institucionales impulsados en la década de 1990 apuntaron explícitamente a fomentar la inversión privada en el sector educativo y a debilitar el rol del Estado, como parte del modelo económico general impuesto en el país y en la región.

En más de tres décadas de vigencia del modelo privatizador de la educación, se han hecho evidentes sus consecuencias regresivas para la gran mayoría de los peruanos y para el país, incluso en áreas centrales del sistema como la productividad, la inserción laboral formal y el orden social. Durante este período se agravó la segregación escolar por nivel socioeconómico y se mantuvieron, e incluso ampliaron, las desigualdades en las condiciones para enseñar y aprender, en la calidad de los procesos educativos y en los resultados de aprendizaje. El resultado ha sido la formación de muy pocos estudiantes con desempeños exitosos y de una gran mayoría que no alcanzó niveles satisfactorios en habilidades y conocimientos fundamentales.

Corresponde señalar, además, que la notoria y persistente desigualdad educativa entre estratos sociales, territoriales y lingüísticos no implica que los estudiantes de colegios privados alcancen logros de aprendizaje satisfactorios. Se trata, más bien, de una brecha entre resultados malos y resultados peores. En realidad, los estudiantes de todos los estratos, incluidos aquellos de nivel socioeconómico alto que asisten a colegios privados, presentan mayoritariamente rendimientos insatisfactorios. Esto es lo que muestran de manera reiterada los informes de las Evaluaciones Nacionales de Logros de Aprendizaje (ENLA) del Ministerio de Educación, y que vuelve a reflejarse en el informe correspondiente a la ENLA 2025.

La privatización escolar fujimorista no solo ha generado más segregación y desigualdad educativa, dificultando la cohesión social y la convivencia democrática; también ha fracasado para las familias que optaron por comprar el servicio a proveedores privados, que por lo general no entregan ni la calidad ni los resultados que prometen. Eso es lo que muestran los datos de la ENLA 2025 que corresponden a los estudiantes de 5to. grado de secundaria del nivel socioeconómico alto; aún contando con las condiciones más favorables en sus hogares y colegios, solo el 26,1% de ellos lograron un nivel de desempeño satisfactorio en lectura; solo 26,8% de este mismo grupo aprobó la prueba de matemática, y apenas 17,2% de ellos respondieron satisfactoriamente en la evaluación de Ciencia y Tecnología.

Asimismo, en la evaluación de Ciudadanía tan solo el 23,1% de los estudiantes de nivel socioeconómico alto se ubicaron en el nivel satisfactorio de la escala de rendimiento. Resumiendo, entre 73% y 82% de los estudiantes de 5to. de secundaria de nivel socioeconómico alto, que completaron el ciclo de la Educación Básica en 2025, no alcanzaron el nivel satisfactorio esperado en las pruebas aplicadas por el Ministerio de Educación.

Así, los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA 2025) han demostrado, una vez más, que el modelo privado mercantil y lucrativo impuesto por el papá de la candidata Fujimori es perjudicial para todos los estratos y niveles socioeconómicos de la población estudiantil peruana. Por supuesto, los más afectados son los niños y adolescentes de nivel socioeconómico muy bajo y bajo, así como los que viven en zonas rurales y aquellos que pertenecen a comunidades con lenguas maternas nativas, cuyos resultados en la evaluación son bastante más deficientes. Y el daño, como es obvio, alcanza al país en su conjunto porque la escuela está fracasando en su rol de formar ciudadanos debidamente preparados para llevar a adelante sus proyectos personales y contribuir al desarrollo del Perú.

Es conveniente recordar que entre 2011 y 2016 se impulsaron cambios en la gestión de la educación estatal, orientados a mejorar la calidad y la equidad en las escuelas públicas; pero la bancada mayoritaria del Congreso liderada por la actual candidata Fujimori censuró al ministro que lideraba esas mejoras, y posteriormente desactivó o distorsionó la reforma magisterial y la reforma universitaria, entre otras medidas que se orientaban a fortalecer el rol promotor y regulador del Estado para el desarrollo de la calidad de la educación pública. En la última década, desde 2016, la señora Fujimori ya ha venido gobernando como su padre, en contra de la educación pública y del país.

Desde las huestes de la candidata Fujimori se anuncia ahora la pretensión de reforzar el modelo de privatización mercantil de la educación impuesto en los años noventa, junto con otras amenazas al país y a la mayoría de los peruanos y peruanas. Es urgente decir a todos los y las electores que este modelo de gestión de la educación ha fracasado, y no solo en el Perú; que en los últimos treinta años no ha servido para desarrollar las potencialidades individuales y colectivas de los estudiantes, ni para reducir la informalidad y salir de la pobreza. 

Necesitamos una reforma profunda que elimine la mercantilización y el lucro en la educación; que renueve y fortalezca el rol del Estado, superando las deficiencias burocráticas y reconfigurando la descentralización para priorizar la realidad y las fortalezas de los territorios locales. Requerimos un modelo que impulse una gestión articulada en redes de instituciones escolares completas de educación básica, empoderando a los directivos y equipos profesionales de las escuelas, a los estudiantes, a sus familias y a sus comunidades.

Como dice el Proyecto Educativo Nacional de Educación al 2036, la autonomía de las instituciones educativas y el fortalecimiento del carácter público de la educación son dos impulsores estratégicos para el cambio, teniendo como horizonte la ciudadanía plena, la democracia y el bienestar colectivo. Tal es el núcleo esencial de la reforma educativa que se debe promover, con una amplia y auténtica participación de la población organizada.