La otra cara de Bukele: corrupción, venta de su país y silenciamiento a la prensa

Desde que Nayib Bukele llegó al poder en 2019, su figura se ha convertido en un fenómeno político global. Idolatrado por millones en redes sociales, el presidente de El Salvador ha proyectado una imagen de eficiencia, modernidad y mano dura contra la delincuencia. Sin embargo, tras la fachada del “presidente millennial” y su retórica anticorrupción, se oculta una serie de prácticas autoritarias, opacas y, según múltiples denuncias nacionales e internacionales, corruptas, que han suscitado alarmas sobre el verdadero costo democrático y social del “modelo Bukele”.

Corrupción y acumulación de poder

Aunque Bukele llegó al poder prometiendo acabar con la corrupción que durante décadas había socavado las instituciones salvadoreñas, su gobierno ha mostrado un patrón contrario. La destitución del fiscal general Raúl Melara y la ruptura con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) evidencian una clara intención de debilitar los mecanismos de control y fiscalización independientes. La Asamblea Legislativa, controlada por el partido Nuevas Ideas, ha aprobado reformas y nombramientos que consolidan el dominio del Ejecutivo sobre la Corte Suprema y la Fiscalía, eliminando así los contrapesos esenciales para una democracia saludable.

En este contexto, diversos funcionarios cercanos a Bukele han sido señalados en investigaciones periodísticas y denuncias públicas por presuntos actos de corrupción, sin que se hayan iniciado procesos judiciales efectivos en su contra. Esta impunidad ha generado un ambiente propicio para la concentración de poder y la protección mutua dentro del círculo presidencial.

Durante la pandemia de COVID-19, investigaciones periodísticas de El Faro y Factum revelaron compras públicas irregulares por millones de dólares, contratos otorgados a empresas fantasmas y familiares de funcionarios beneficiados con fondos públicos.

La Ley de Acceso a la Información Pública fue sistemáticamente debilitada, y en 2021 el gobierno clasificó como “reservados” cientos de documentos que podrían evidenciar corrupción. Además, los organismos de control —como la Corte de Cuentas y la Fiscalía— han sido cooptados por funcionarios leales al oficialismo, tras la destitución inconstitucional de magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general en mayo de 2021.

Por otro lado, investigaciones han revelado que la familia Bukele ha adquirido al menos 34 propiedades valoradas en más de nueve millones de dólares durante el primer mandato presidencial. Estas propiedades incluyen terrenos de lujo, fincas cafetaleras y bienes inmuebles ubicados en zonas protegidas ambientalmente. La opacidad en la procedencia de los fondos para estas adquisiciones y la ausencia de investigaciones oficiales alimentan las sospechas de enriquecimiento ilícito y conflicto de intereses, generando preocupación sobre el uso de información privilegiada y recursos públicos para beneficio privado.

Venta de El Salvador: bitcoin y turismo

Uno de los proyectos más emblemáticos y controvertidos de Bukele ha sido la adopción del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Esta medida, presentada como una innovación para atraer inversión extranjera y modernizar la economía, ha sido cuestionada por economistas y organismos internacionales debido a la volatilidad inherente de las criptomonedas y la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos destinados a la compra de bitcoin. El Fondo Monetario Internacional y otros actores han advertido sobre los riesgos de lavado de dinero y la vulnerabilidad financiera que esta política puede implicar para el país.

Además, el impulso al turismo como motor económico ha generado un proceso acelerado de inversión extranjera en zonas costeras y áreas naturales protegidas. Grandes extensiones de playa y terrenos de alto valor ecológico han sido adquiridos por empresarios nacionales y extranjeros, incluyendo miembros de la familia presidencial. Este fenómeno ha provocado un aumento en la gentrificación, desplazando a comunidades tradicionales y vendedores ambulantes que históricamente habitaron estas áreas. La brecha social y económica se amplía, evidenciando que el modelo de desarrollo favorece a las élites y no a la población más vulnerable.

Silenciamiento a la prensa y represión

El gobierno de Bukele ha sido acusado por organizaciones nacionales e internacionales de implementar una política sistemática para controlar, hostigar y silenciar a periodistas y medios de comunicación independientes. La Asociación de Periodistas de El Salvador ha documentado cientos de agresiones durante los últimos años, que incluyen amenazas, acoso, demandas judiciales y detenciones arbitrarias contra comunicadores críticos al gobierno.

 El medio salvadoreño El Faro, por ejemplo, ha sido blanco de acoso fiscal, vigilancia electrónica —confirmada por Citizen Lab mediante el uso del software espía Pegasus— y campañas de difamación en redes sociales afines al oficialismo.

Cristosal, una organización que ha documentado violaciones a derechos humanos, también ha sido perseguida por el Estado. Se han iniciado investigaciones judiciales contra ONGs por supuesta “malversación”, mientras que periodistas han denunciado amenazas, hostigamiento e incluso exilio forzado. En 2023, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que El Salvador vive un “ambiente de hostilidad” para el ejercicio del periodismo libre.Las campañas de desprestigio en redes sociales, muchas veces impulsadas directamente por el presidente o sus funcionarios, buscan desacreditar a la prensa independiente y fomentar la autocensura. En este ambiente, varios periodistas han optado por abandonar el país ante el riesgo real a su integridad y la de sus familias.

Paralelamente, la implementación del régimen de excepción, que ha sido renovado de manera continua desde 2022, ha permitido la detención masiva de personas sin las garantías judiciales necesarias. Este estado de excepción ha afectado principalmente a jóvenes y sectores empobrecidos, mientras que los tribunales, alineados con el oficialismo, han facilitado procesos judiciales sin transparencia ni imparcialidad. Organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente estas violaciones y la falta de acceso a la justicia.

La imagen internacional de Nayib Bukele como un líder eficaz contra la violencia y promotor del desarrollo contrasta con una realidad interna marcada por la concentración autoritaria del poder, la corrupción encubierta, la venta de activos nacionales y la represión sistemática a la prensa y la disidencia. Esta otra cara de El Salvador revela un país que, si bien ha logrado avances en seguridad, enfrenta un serio retroceso en democracia, transparencia y derechos humanos. La vigilancia ciudadana, la independencia de las instituciones y la libertad de expresión son hoy más necesarias que nunca para garantizar un futuro justo y equitativo para todos los salvadoreños.