Gobierno invierte millones en armamento mientras la anemia afecta al 40% de los niños

El gobierno de Dina Boluarte anunció una inversión de 57,6 millones de dólares en adquisiciones militares. La compra incluye 56 vehículos blindados 4x4, 54 unidades antimotines ('rochabuses'), 1.007 pistolas, 3.146 chalecos antibalas y 8.900 mochilas tácticas. Estas adquisiciones forman parte del denominado "Plan Estratégico de Modernización, Repotenciación, Renovación, Reemplazo y Reparación del Equipamiento de la Policía Nacional", que busca reforzar la capacidad operativa de la institución en un contexto marcado por protestas sociales.

Sin embargo, la magnitud del gasto ha provocado críticas por parte de diversos sectores de la sociedad civil, que consideran que la prioridad debería estar en atender problemas sociales urgentes. Según el Ministerio de Salud, el 40% de los niños peruanos de 6 a 35 meses padece anemia, afectando a 1,6 millones de infantes a nivel nacional. Con los 57,6 millones de dólares destinados a las compras militares, se podría, por ejemplo:

• Financiar más de 5.000 campañas de tamizaje y tratamiento para anemia infantil en comunidades vulnerables.

  
  

• Construir y equipar al menos 15 centros de salud básicos en zonas rurales con alta demanda de servicios médicos.

  
  

• Dotar de materiales y mejorar la infraestructura de centenares de escuelas rurales, donde aún existen aulas precarias y falta de acceso a tecnología.

  
  

Esta millonaria inversión surge en un contexto donde Perú no enfrenta tensiones ni conflictos con sus países vecinos, lo que lleva a cuestionar la urgencia de estas adquisiciones militares. Estas inversiones reflejan un posible enfoque más en el control interno, en lugar de en el bienestar ciudadano.

Por otro lado, la transparencia en el proceso de adquisición de armamento por parte del gobierno peruano ha sido objeto de escrutinio, especialmente debido a las interacciones con empresas extranjeras involucradas en controversias internacionales. Un caso notable es el de la empresa sueca Saab, fabricante de aviones caza, que ha sostenido reuniones con funcionarios peruanos para negociar la venta de 24 aeronaves por un monto aproximado de 3.500 millones de dólares.

Saab está actualmente bajo investigación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos debido a presuntas irregularidades en una venta anterior de 36 aviones Gripen a Brasil en 2014. Esta investigación, que forma parte de la denominada "Operación Zelotes", involucra acusaciones de sobornos y tráfico de influencias que también salpican al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a su hijo.

La situación ha generado preocupación en Perú, donde se cuestiona la idoneidad de avanzar en negociaciones con una empresa bajo sospecha de prácticas corruptas. Además, se ha informado que representantes de Saab han visitado el Ministerio de Defensa peruano en calidad de "personas naturales a título personal", lo que ha suscitado dudas sobre la transparencia y formalidad de estas interacciones.

Esta situación evidencia una desconexión entre las prioridades del gobierno y las necesidades de la población. Con el sistema de salud al borde del colapso y un sector educativo golpeado por la pandemia, la exigencia de un cambio en las políticas de inversión pública sigue ganando fuerza.