El último saqueo: fujimorismo y aliados se premian a sí mismos y a su JNJ antes de irse

En sus últimas semanas de vida unicameral, el Parlamento aprobó bonos millonarios para sus propios trabajadores, autorizó el cuarto aumento consecutivo para las fuerzas del orden y homologó el sueldo de la JNJ que ellos mismos eligieron. El 87% de los peruanos los desaprueba.

Los bonos que nadie anunció

La última legislatura del Congreso unicameral está llegando a su fin. El próximo 28 de julio volverá oficialmente el sistema bicameral y este Parlamento cerrará un ciclo marcado por decisiones que han generado un amplio rechazo ciudadano. Sin embargo, antes de irse, todavía ha encontrado tiempo para aprobar nuevos beneficios económicos para quienes trabajan dentro de la propia institución.

La Mesa Directiva autorizó la entrega de un bono equivalente a dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, alrededor de S/11.000, para todo el personal activo del Congreso. La medida alcanza a unos 3.628 trabajadores, entre asesores, técnicos, asistentes, auxiliares y otros servidores parlamentarios.

El costo de esta bonificación ronda los S/40 millones. Aunque se trata de un desembolso de gran magnitud, el acuerdo que lo autorizó no fue difundido con mayor detalle en los canales habituales de transparencia del Parlamento.

No es la primera vez que ocurre. En enero de este mismo año el Congreso ya había aprobado otro bono extraordinario, esta vez de cinco UIT (S/27.500), que se pagó en varias armadas durante los meses siguientes. A ello se sumó un incremento cercano al 15 % en las remuneraciones del personal, producto de acuerdos laborales asumidos en gestiones anteriores.

Los beneficios no terminaron allí. Ese mismo mes también se otorgó el pago por escolaridad a todos los trabajadores, sin distinguir si tenían hijos en edad escolar. Según reveló la prensa, las instrucciones internas fueron manejar estas decisiones con absoluta reserva.

Los propios parlamentarios tampoco salen con las manos vacías. El monto total percibido por los congresistas en diciembre incluye sueldo mensual, gratificación legal, bono por función congresal, asignación por semana de representación y tarjeta electrónica institucional de S/1.900 —un beneficio exclusivo del Congreso que no se otorga de forma masiva a los trabajadores estatales.

El argumento de la seguridad

Mientras aprobaba bonos para sus propios trabajadores, el Congreso también dejó encaminado otro beneficio económico antes de terminar su mandato: el cuarto y último aumento salarial para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La medida había sido autorizada en la Ley de Presupuesto de 2025, que estableció cuatro reajustes progresivos culminados en junio de 2026 mediante el Decreto Supremo N.° 112-2026-EF.

El aumento fue defendido con el argumento de fortalecer la seguridad frente al incremento de la criminalidad. Sin embargo, ese discurso contrasta con problemas que el propio Estado no ha resuelto. En 2025, por ejemplo, millones de soles destinados a la compra de chalecos antibalas para policías de Lima y Callao permanecían sin ejecutarse, mientras la institución destinaba S/17 millones a la adquisición de vehículos para altos mandos.

La JNJ que ellos eligieron

En una de sus últimas decisiones antes de dejar el Congreso unicameral, la mayoría parlamentaria aprobó en primera votación aumentar en más de S/12.000 mensuales el sueldo de los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Cada uno pasará de ganar S/35.017 a S/47.820.

El aumento no beneficia a cualquier institución. Beneficia a una JNJ cuya actual composición fue definida durante el predominio del fujimorismo y sus aliados en el Congreso, el bloque al que diversos analistas y organizaciones han denominado el "pacto mafioso". Desde su instalación en 2025, la JNJ repuso a Patricia Benavides, intentó restituirla como fiscal de la Nación, destituyó a Delia Espinoza y no ratificó al exfiscal de la Nación Pablo Sánchez. Estas decisiones motivaron incluso la preocupación de relatoras especiales de las Naciones Unidas.

El origen de la iniciativa resulta igual de revelador. La propia JNJ elaboró la propuesta para elevar las remuneraciones de sus miembros y el proyecto terminó siendo presentado por el congresista Américo Gonza, uno de los aliados de ese bloque parlamentario encabezado por el fujimorismo. Para hacerlo posible, el Congreso dejó sin efecto las restricciones salariales que él mismo había establecido en la Ley de Presupuesto. En los hechos, la mayoría parlamentaria terminó otorgando un aumento a una institución que contribuyó a conformar y cuyas decisiones han coincidido con los intereses del bloque que hoy domina el Congreso.

Una legislatura que se va cara

La secuencia es perfectamente coherente: bonos para los propios trabajadores aprobados en silencio, aumentos para las fuerzas del orden que sostienen al régimen, y sueldos para una JNJ que el mismo Congreso eligió y que desde entonces trabaja para desmantelar a los fiscales y jueces que investigaban al poder. El costo para el erario de este último saqueo nadie lo devolverá. El costo político, el fujimorismo y sus aliados apostaron a que tampoco importaría.