Denuncian a López Aliaga por incitar perturbación del proceso electoral

Una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público coloca al candidato presidencial Rafael López Aliaga en el centro de la crisis postelectoral: se le acusa de haber pasado de cuestionar los resultados a incitar acciones que pondrían en riesgo el orden democrático.

El documento, elaborado por la organización Alianza de Defensa Legal “Justicia y Libertad”, sostiene que las declaraciones del candidato, emitidas en pleno conteo de votos, no solo deslegitiman el proceso electoral, sino que configuran una conducta tipificada como delito en el artículo 354 del Código Penal: perturbación o impedimento del proceso electoral.

El punto de quiebre

El 14 de abril, mientras avanzaba el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, los resultados empezaron a confirmar un escenario adverso para Rafael López Aliaga: quedaba fuera de la segunda vuelta, superado por Roberto Sánchez, quien pasaría al balotaje con Keiko Fujimori.

Fue entonces cuando el candidato radicalizó un discurso que no surgió de manera espontánea esa noche, sino que venía siendo construido desde semanas atrás, coincidiendo con su descenso en las encuestas. La narrativa de fraude —repetida de forma sostenida— habría preparado el terreno para desconocer un resultado adverso.

En el mitin realizado en Lima, ese discurso alcanzó su punto más alto: denuncias sin pruebas verificables, un ultimátum de 24 horas para anular las elecciones y la convocatoria a una “insurgencia civil”.

Del discurso a la presión

El documento describe un patrón claro: acusaciones generalizadas contra autoridades electorales, descalificación de encuestadoras, insinuaciones de manipulación de ánforas y, finalmente, la construcción de un escenario de ilegitimidad total.

Pero no se queda en el discurso. La denuncia subraya que López Aliaga acompañó sus palabras con acciones concretas: convocatorias a movilizaciones frente al Jurado Nacional de Elecciones, en momentos críticos del proceso, con el potencial de obstaculizar su funcionamiento.

A ello se suma un elemento particularmente delicado: la presentación de una medida cautelar para frenar la contabilización de votos. En la práctica, esto implica poner en suspenso el conteo, afectando directamente el principio básico de cualquier elección: que cada voto sea contado.

La defensa de los votos del sur

En ese punto, la denuncia adquiere una dimensión política más profunda. Los abogados sostienen que estas acciones afectan de manera directa a regiones donde el conteo suele avanzar más lentamente, especialmente en el sur del país.

Defender la continuidad del escrutinio no es una formalidad técnica. Es una defensa concreta de esos votos que históricamente llegan después al conteo oficial, pero que tienen el mismo peso democrático. Interrumpir ese proceso equivale, en los hechos, a poner en cuestión su validez y a reforzar una vieja fractura: la de un país donde ciertas regiones son sistemáticamente puestas bajo sospecha cuando sus resultados no coinciden con determinados intereses políticos.

El límite de la democracia

¿Todo vale en nombre de la libertad de expresión? La denuncia responde con firmeza: no. La libertad de expresión encuentra su límite cuando se utiliza para erosionar el orden democrático o para alentar acciones que pueden derivar en desestabilización.

La convocatoria a una “insurgencia civil” no es una metáfora inocente. Es una apelación directa a la confrontación frente a un proceso electoral en curso. Y cuando esa apelación proviene de un candidato con capacidad de movilización nacional, el riesgo deja de ser abstracto.

Detrás de la acción legal están los abogados Indira Zulema Rodríguez Paredes y Doller Alipio Huamán Cutisaca, quienes actúan en representación de la organización denunciante. Ambos sostienen que no se trata de un episodio aislado, sino de una conducta en desarrollo que exige una respuesta inmediata del sistema de justicia.

Detención inmediata

El documento solicita la detención inmediata del candidato por flagrancia delictiva, argumentando que existe un riesgo real de que las acciones denunciadas escalen y terminen afectando de manera concreta el proceso electoral.

La tesis es clara: no se está ante un discurso sin consecuencias, sino ante una serie de actos con capacidad de alterar el orden público, presionar a las instituciones y, en última instancia, condicionar la voluntad popular.

Este caso no es solo sobre Rafael López Aliaga. Es sobre el tipo de democracia que el Perú está dispuesto a sostener. Lo que hoy se discute remite a una lógica que ya se vio en 2021: cuando un resultado electoral no coincide con los intereses de sectores con poder económico y político, se instala una narrativa de fraude para poner en duda, sobre todo, los votos que llegan desde las regiones más alejadas, particularmente del sur.

Permitir que ese patrón se repita —que un candidato construya durante semanas una narrativa de fraude, desacredite el proceso electoral, intente frenar el conteo de votos y convoque a formas de insurgencia como respuesta a resultados adversos— implica normalizar una lógica peligrosa: la de aceptar las reglas solo cuando favorecen y, cuando no, buscar deslegitimar el resultado. En ese terreno, lo que se erosiona no es solo una elección, sino la idea misma de igualdad política.