El presidente de Argentina, Javier Milei, se encuentra en medio de un escándalo luego de promover públicamente la criptomoneda $LIBRA, lanzada por KIP Protocol, a través de sus redes sociales. Lo que parecía una oportunidad de inversión se convirtió en un desastre cuando la moneda, que en un principio vio un alza desmesurada, sufrió una caída abrupta dejando a miles de personas con pérdidas millonarias. Este incidente ha puesto en la mira la legalidad de que un presidente respalde un producto privado y ha encendido el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en este tipo de acciones.

1. La promoción de $LIBRA y sus consecuencias

En febrero de 2025, Milei recomendó en sus redes sociales invertir en $LIBRA, una criptomoneda de reciente creación, que fue rápidamente inflada por su respaldo. El valor de $LIBRA se disparó de $0,000001 a $5,20 por unidad en pocas horas. Sin embargo, esta euforia fue efímera, ya que el precio de la criptomoneda colapsó rápidamente, cayendo por debajo de $0,19. Este desplome resultó en la pérdida de miles de millones de dólares para los inversores que confiaron en la recomendación presidencial.

2. La legalidad de la intervención presidencial en productos privados

El respaldo de Milei a una criptomoneda privada ha generado preguntas sobre la legalidad de que un presidente promueva productos de este tipo. En Argentina, la Ley de Lealtad Comercial establece que las promociones deben ser veraces y no inducir a error. La recomendación de Milei, que implicaba riesgos evidentes y carecía de respaldo, podría haber violado esta normativa, pues incentivó a los ciudadanos a realizar inversiones sin información suficiente sobre el riesgo que representaba el producto.

Por otro lado, el Código Penal argentino establece que el abuso de la función pública para obtener un beneficio personal o para promover actividades ilícitas es punible. En este caso, la promoción de una criptomoneda sin respaldo y la posterior pérdida de valor podría interpretarse como un abuso de su posición como presidente para beneficio personal o de otros involucrados en el proyecto.

3. La respuesta de Javier Milei

Tras el colapso de $LIBRA, Milei reaccionó eliminando las publicaciones que recomendaban la inversión. En su defensa, aseguró que no tenía "vinculación alguna" con el proyecto y que al enterarse del impacto negativo, decidió retirar su apoyo a la criptomoneda. Además, afirmó que la promoción había sido una recomendación general y que no estaba al tanto de los detalles del funcionamiento de $LIBRA.

A pesar de estas aclaraciones, el daño ya estaba hecho. La controversia creció cuando figuras políticas de la oposición acusaron a Milei de incurrir en una serie de irregularidades legales y de dañar la confianza pública. La denuncia de fraude y las demandas de juicio político no tardaron en llegar.

4. Investigaciones legales y demanda de juicio político

La promoción de la criptomoneda ha sido objeto de investigaciones por parte de la justicia argentina. La Oficina Anticorrupción inició una pesquisa para determinar si hubo irregularidades en la relación entre el gobierno de Milei y el proyecto de $LIBRA. Además, legisladores de la oposición han solicitado un juicio político, alegando que el presidente utilizó su cargo para beneficiar a un proyecto privado sin las debidas garantías para los inversores. Las acusaciones incluyen "asociación ilícita" y "estafa", lo que ha complicado aún más la situación para el mandatario.

5. Impacto en la confianza pública y el mercado de criptomonedas

Este incidente ha tenido repercusiones no solo en el ámbito político, sino también en la percepción pública de las criptomonedas y las inversiones digitales. La falta de regulación en el mercado de criptomonedas y la promoción de productos sin respaldo adecuado ha desatado un debate sobre la necesidad de crear leyes más estrictas que protejan a los inversores. Si bien las criptomonedas son vistas como una oportunidad de inversión de alto riesgo, la intervención de figuras públicas como Milei subraya los peligros inherentes a estas inversiones, especialmente cuando no se manejan con la debida transparencia y responsabilidad.